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Adolescentes al límite y maltrato a personas con enfermedad mental, el otro balance de la pandemia

Adolescentes al límite y maltrato a personas con enfermedad mental, el otro balance de la pandemia. Este es el titular que dibujan dos informes presentados recientemente por el Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu de Barcelona y la confederación de asociaciones de pacientes Salud Mental España.

La plataforma de salud Faros, del Hospital Sant Joan de Déu, ofrece información a las familias y desarrolla una labor de observatorio de salud de la infancia y la adolescencia.  Desde hace 12 años, elabora un informe que recoge los principales problemas de salud mental de los menores y explica cómo prevenirlos, detectarlos y tratarlos.

El planteamiento de Faros 12 – Una mirada a la salud mental de los adolescentes, que acaba de ser publicado, no está basado exclusivamente en la pandemia, pero sus responsables sí han analizado algunos datos a la luz de esta nueva realidad marcada por las restricciones sociales de los últimos meses.

El segundo documento, Informe sobre el estado de los Derechos Humanos en salud mental, 2020, se publica por sexto año consecutivo, con financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. En él se recogen las demandas registradas por el Servicio de Asesoría Jurídica de la Confederación Salud Mental España y, en este caso, también se llama la atención sobre el desamparo y la violencia, incluso institucional, que han sufrido las personas con problemas de salud mental a raíz de la pandemia de Covid-19.

Ser adolescente en tiempos de pandemia

Entre un 10 y un 20% de los adolescentes del mundo experimentan trastornos mentales, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). La mitad de estos trastornos se manifiestan antes de los 14 años y representan el 16% de la carga mundial de enfermedades y lesiones en las personas de edades comprendidas entre 10 y 19 años.

Los expertos aseguran que la detección temprana y la intervención precoz en salud mental son la mejor inversión de futuro, ya que son las mejores herramientas para reducir la prevalencia, los costes sanitarios, las morbilidades y la progresión de estas patologías, pero también son la mayor garantía de evitar que se cronifiquen los trastornos que podrían haberse curado. El tiempo que pasa desde la aparición de los primeros síntomas hasta el inicio de un tratamiento adecuado e integral es clave para la recuperación del paciente, que, contra lo que todavía se tiende a creer, es posible en muchos casos.

Por ello, es muy importante que el entorno del joven –familia y educadores– disponga de información y sepa detectar una serie de señales de estos trastornos, de modo que tome conciencia de lo que está sucediendo y pida ayuda a los profesionales sanitarios lo antes posible.

En el contexto de la pandemia de Covid-19, la presentación del Informe Faros 2021 ha servido para anunciar una realidad preocupante: los datos asistenciales del Hospital Sant Joan de Déu ponen de manifiesto un incremento del 47% en el número de pacientes atendidos en urgencias por motivos de salud mental en el primer trimestre del año, en comparación con el mismo período del 2020.

Los trastornos de ansiedad son los problemas de salud mental más frecuentes en la infancia y la adolescencia, y han podido aumentar y/o agravarse a raíz de la pandemia. Los estudios epidemiológicos muestran que afectan a entre un 9 y un 21% de los niños, las niñas y los adolescentes y que han ido en aumento en los últimos años (Infocop, 2019). Específicamente en adolescentes, en nuestro país se calcula que el 5% sufre depresión y que entre un 10 y un 20% presenta problemas de ansiedad, según la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia (SEMA).

Otro de los trastornos de salud mental frecuentes en la pubertad y la adolescencia es el abuso de las nuevas tecnologías, que se ha visto potenciado por el confinamiento. Según los autores del informe, no es tan importante el tiempo que dedican a ellas como el uso que hacen de las mismas y el tipo de contenidos que consultan. Paralelamente, las madres y los padres deben preguntarse si sus hijas y sus hijos dedican tiempo a otras actividades sociales y de ocio. Cabe recordar que una adolescencia sana se caracteriza por el protagonismo que adquiere la amistad, la interacción con iguales.

Por otra parte, en las últimas décadas se ha producido un aumento en el número de jóvenes y adolescentes que se autolesionan, es decir, que se infringen daño corporal sin intención de provocarse la muerte. Tradicionalmente, esta conducta ha sido asociada a trastornos mentales graves, pero ahora también se está dando en jóvenes sin patologías psiquiátricas establecidas y podría haber aumentado durante estos meses de ansiedad e incertidumbre.

Los jóvenes que se autolesionan buscan reducir, gestionar o escapar de tristeza, rabia u otras emociones funcionales, pero negativas cuando se prolongan en el tiempo o adquieren una intensidad desproporcionada. La conducta autolesiva se convierte en una estrategia habitual en un significativo número de casos, en los que la ayuda profesional y el apoyo familiar son tan útiles como necesarios.

Los expertos alertan de que se trata de una conducta con un riesgo de contagio muy alto. Por eso desaconsejan a maestros y educadores que aborden el tema en clase. De acuerdo con estudios publicados en los últimos diez años, el 11,4% de jóvenes de Cataluña se ha autolesionado al menos alguna vez en su vida, mientras en Europa se habla de una prevalencia del 27,6%.

Trastornos de la conducta alimentaria y confinamiento

El confinamiento ha supuesto un factor de estrés significativo para la población con una patología mental previa y, en el caso de las y los adolescentes con un trastornos de la conducta alimentaria (TCA) –anorexia, bulimia o trastorno por atracón–, un factor de riesgo de recaída y empeoramiento.

En los centros de salud mental infantil y juvenil del ámbito comunitario catalán han aumentado las consultas de TCA un 25% en el último año, un porcentaje mucho más que significativo. Además, en la Unidad de TCA del Hospital Sant Joan de Déu se han doblado las derivaciones urgentes.

Existe la hipótesis de que uno de los factores que podrían haber podido desencadenar este empeoramiento podría ser el aumento de la preocupación por mantener una vida saludable, ya que la realidad propiciaba el sedentarismo. Además, el confinamiento ha comportado una mayor exposición de los jóvenes en las redes sociales, con la potencial influencia negativa que tienen estos canales en la incorporación de un ideal de belleza de extrema delgadez.

En paralelo, el estrés asociado a la situación ha empeorado sus síntomas de base, fundamentalmente como consecuencia del aislamiento social y de las dificultades de regulación emocional, que pueden propiciar síntomas alimentarios como los episodios de atracones y posteriores conductas purgativas (vómitos autoinducidos y uso de laxantes). El confinamiento también ha podido aumentar el estrés de las personas cuidadoras, perjudicando el clima familiar, lo que supone un factor de mal pronóstico de la enfermedad.

El tratamiento habitual de los trastornos de la conducta alimentaria es largo –puede durar entre tres y cuatro años–, ya que son enfermedades muy complejas y potencialmente muy graves, pero es fundamental para lograr la recuperación y conseguir una relación sana con la comida en la edad adulta, algo que es posible en cerca del 80% de los casos. Si no hay tratamiento, existe un elevado riesgo de que los TCA se cronifiquen.

Graves ataques a la dignidad y los derechos fundamentales

El Servicio de Asesoría Jurídica de la Confederación Salud Mental España atendió 128 demandas en 2020, un 68%, efectuadas por mujeres, y un 32%, por hombres. El año pasado, protagonizado por la pandemia, fue muy difícil para todas las personas, implicó muchas renuncias y ha dejado secuelas en nuestras vidas. Uno de sus efectos colaterales más evidentes ha sido el deterioro de la salud mental, tanto en personas sin diagnóstico previo como para, muy especialmente, en personas con enfermedad mental previa.

A los confinamientos, el miedo al contagio, la crisis social y económica, el colapso sanitario –con todas sus implicaciones–, las muertes, la escasa interacción social o la ausencia de contacto físico con sus seres queridos, estas personas han tenido que sumar el desamparo y la violencia que han sufrido en muchas ocasiones. Si las personas con un trastorno mental ya sufrían discriminación y vulneraciones de sus derechos antes, la pandemia las ha agudizado y agravado, lesionando gravemente su dignidad.

Durante el confinamiento estricto, cuando se permitía la movilidad solo a personas con discapacidad, este derecho no se garantizó a las personas con enfermedad mental en igualdad de condiciones, dejándolas expuestas a la mofa y a conductas violentas, incluso por parte de las fuerzas del orden.

Según explica el informe, muchas personas no habían tramitado el reconocimiento del grado de discapacidad, por lo que se encontraron en un limbo legal, aunque pudieran aportar informes médicos o psicológicos que justificaran la necesidad de las salidas. Además, muchas otras se encontraban fuera del sistema sociosanitario, por lo que no disponían de documentación acreditativa ni medios de obtenerla en situación de emergencia.

Por otro lado, el documento denuncia que se recurrió con frecuencia a la conocida como Ley mordaza (Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana), “para sancionar a personas afectadas con problemas de salud mental, que revelaban síntomas que deberían haber implicado la activación de los servicios de salud, en lugar de ser calificados como resistencias a la autoridad”.

Irene Muñoz Escandell, asesora jurídica de la Confederación Salud Mental España y coordinadora su Comisión de Derechos Humanos, explica que en aquellos momentos “la consideración hacia las específicas circunstancias de este colectivo fue ignorada a nivel general. La información no llegaba, y si lo hacía era de forma muy confusa. Por ello, desde la Confederación se impulsó la elaboración de una serie de documentos, utilizando un lenguaje sencillo y directo, en los que se trató de despejar las dudas más recurrentes en relación con lo que se podía o no hacer. El objetivo era hacer accesible la información a las personas con problemas de salud mental”.

En cuanto al contenido de las quejas relacionadas con la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en situaciones en las que se vieron envueltas personas con problemas de salud mental, el informe destaca que la mayoría se produjeron debido a comportamientos de agentes de Policía,

Con el fin de subrayar los derechos de un colectivo tan vulnerable, Salud Mental España elaboró Intervención con personas con problemas de salud mental ante la situación de emergencia ocasionada por el Covid-19, una guía de recomendaciones dirigida específicamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Una asistencia sanitaria insuficiente y discontinua

Como ocurrió al resto de las personas con enfermedades crónicas, e incluso a aquellas que estaban haciendo frente a procesos agudos y graves, las personas con problemas de salud mental se vieron privadas de asistencia sanitaria de la noche a la mañana por causa de la pandemia. En su caso, esta realidad sobrevenida se sumó a las ya proverbiales carencias y la discontinuidad de la atención a la salud mental en España, que la confederación lleva años denunciando sin que se perciban mejoras significativas.

El Informe describe que muchas personas ni siquiera pudieron tener contacto con su centro de salud mental de manera telefónica. Otras lo tuvieron, pero no de forma regular. Como consecuencia, se produjeron numerosos problemas con la medicación, ya que esta desatención hizo imposible consultar dudas relacionadas con los tratamientos farmacológicos (aumentar o disminuir la dosis, cambiar la medicación, gestionar los efectos secundarios, etc.).

El documento también plasma la situación vivida por personas con problemas de salud mental sin hogar. La pandemia puso de manifiesto una seria falta de recursos sociosanitarios específicos. Además, los escasos recursos disponibles eran muy poco accesibles y adolecían del equipamiento necesario. Tampoco se les facilitó el traslado a centros mejor preparados para una situación tan anómala ni se garantizó el derecho a la salud mental y física de este colectivo.

«La actuación de las instituciones y profesionales de la sanidad, en cualquier situación, debe estar presidida por los mandatos imperativos de derechos humanos de no discriminar ni de tratar desigualmente, y de actuar sin prejuicios y sesgos que castigan a quien se considera ‘diferente’”, reza el documento.

Violencia contra las mujeres con problemas de salud mental

El temor al agravamiento de la violencia machista durante el confinamiento, por otra parte generalizado entre las víctimas, fue mayor entre las mujeres con problemas de salud mental. En su momento, la Red Estatal de Mujeres de Salud Mental España manifestó su preocupación por las distintas situaciones de violencia que podían estar viviendo, ya que tres de cada cuatro mujeres con problemas de salud mental han sufrido violencia en el ámbito familiar y/o en pareja, pero el 42% no reconoce la violencia como tal.

La Red también denunció las carencias existentes, de nuevo empeoradas por la pandemia, en cuanto a recursos de atención, no solo a mujeres con enfermedad mental que sufren violencia machista por parte de su pareja, sino también a las madres y cuidadoras (un rol, por cierto, muchas veces coincidente).

 

* La imagen que ilustra esta noticia es de Lisa Fotios y está disponible en Pexels.

Adolescentes al límite y maltrato a personas con enfermedad mental, el otro balance de la pandemia. Este es el titular que dibujan dos informes presentados recientemente por el Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu de Barcelona y la confederación de asociaciones de pacientes Salud Mental España.

La plataforma de salud Faros, del Hospital Sant Joan de Déu, ofrece información a las familias y desarrolla una labor de observatorio de salud de la infancia y la adolescencia.  Desde hace 12 años, elabora un informe que recoge los principales problemas de salud mental de los menores y explica cómo prevenirlos, detectarlos y tratarlos.

El planteamiento de Faros 12 – Una mirada a la salud mental de los adolescentes, que acaba de ser publicado, no está basado exclusivamente en la pandemia, pero sus responsables sí han analizado algunos datos a la luz de esta nueva realidad marcada por las restricciones sociales de los últimos meses.

El segundo documento, Informe sobre el estado de los Derechos Humanos en salud mental, 2020, se publica por sexto año consecutivo, con financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. En él se recogen las demandas registradas por el Servicio de Asesoría Jurídica de la Confederación Salud Mental España y, en este caso, también se llama la atención sobre el desamparo y la violencia, incluso institucional, que han sufrido las personas con problemas de salud mental a raíz de la pandemia de Covid-19.

Ser adolescente en tiempos de pandemia

Entre un 10 y un 20% de los adolescentes del mundo experimentan trastornos mentales, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). La mitad de estos trastornos se manifiestan antes de los 14 años y representan el 16% de la carga mundial de enfermedades y lesiones en las personas de edades comprendidas entre 10 y 19 años.

Los expertos aseguran que la detección temprana y la intervención precoz en salud mental son la mejor inversión de futuro, ya que son las mejores herramientas para reducir la prevalencia, los costes sanitarios, las morbilidades y la progresión de estas patologías, pero también son la mayor garantía de evitar que se cronifiquen los trastornos que podrían haberse curado. El tiempo que pasa desde la aparición de los primeros síntomas hasta el inicio de un tratamiento adecuado e integral es clave para la recuperación del paciente, que, contra lo que todavía se tiende a creer, es posible en muchos casos.

Por ello, es muy importante que el entorno del joven –familia y educadores– disponga de información y sepa detectar una serie de señales de estos trastornos, de modo que tome conciencia de lo que está sucediendo y pida ayuda a los profesionales sanitarios lo antes posible.

En el contexto de la pandemia de Covid-19, la presentación del Informe Faros 2021 ha servido para anunciar una realidad preocupante: los datos asistenciales del Hospital Sant Joan de Déu ponen de manifiesto un incremento del 47% en el número de pacientes atendidos en urgencias por motivos de salud mental en el primer trimestre del año, en comparación con el mismo período del 2020.

Los trastornos de ansiedad son los problemas de salud mental más frecuentes en la infancia y la adolescencia, y han podido aumentar y/o agravarse a raíz de la pandemia. Los estudios epidemiológicos muestran que afectan a entre un 9 y un 21% de los niños, las niñas y los adolescentes y que han ido en aumento en los últimos años (Infocop, 2019). Específicamente en adolescentes, en nuestro país se calcula que el 5% sufre depresión y que entre un 10 y un 20% presenta problemas de ansiedad, según la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia (SEMA).

Otro de los trastornos de salud mental frecuentes en la pubertad y la adolescencia es el abuso de las nuevas tecnologías, que se ha visto potenciado por el confinamiento. Según los autores del informe, no es tan importante el tiempo que dedican a ellas como el uso que hacen de las mismas y el tipo de contenidos que consultan. Paralelamente, las madres y los padres deben preguntarse si sus hijas y sus hijos dedican tiempo a otras actividades sociales y de ocio. Cabe recordar que una adolescencia sana se caracteriza por el protagonismo que adquiere la amistad, la interacción con iguales.

Por otra parte, en las últimas décadas se ha producido un aumento en el número de jóvenes y adolescentes que se autolesionan, es decir, que se infringen daño corporal sin intención de provocarse la muerte. Tradicionalmente, esta conducta ha sido asociada a trastornos mentales graves, pero ahora también se está dando en jóvenes sin patologías psiquiátricas establecidas y podría haber aumentado durante estos meses de ansiedad e incertidumbre.

Los jóvenes que se autolesionan buscan reducir, gestionar o escapar de tristeza, rabia u otras emociones funcionales, pero negativas cuando se prolongan en el tiempo o adquieren una intensidad desproporcionada. La conducta autolesiva se convierte en una estrategia habitual en un significativo número de casos, en los que la ayuda profesional y el apoyo familiar son tan útiles como necesarios.

Los expertos alertan de que se trata de una conducta con un riesgo de contagio muy alto. Por eso desaconsejan a maestros y educadores que aborden el tema en clase. De acuerdo con estudios publicados en los últimos diez años, el 11,4% de jóvenes de Cataluña se ha autolesionado al menos alguna vez en su vida, mientras en Europa se habla de una prevalencia del 27,6%.

Trastornos de la conducta alimentaria y confinamiento

El confinamiento ha supuesto un factor de estrés significativo para la población con una patología mental previa y, en el caso de las y los adolescentes con un trastornos de la conducta alimentaria (TCA) –anorexia, bulimia o trastorno por atracón–, un factor de riesgo de recaída y empeoramiento.

En los centros de salud mental infantil y juvenil del ámbito comunitario catalán han aumentado las consultas de TCA un 25% en el último año, un porcentaje mucho más que significativo. Además, en la Unidad de TCA del Hospital Sant Joan de Déu se han doblado las derivaciones urgentes.

Existe la hipótesis de que uno de los factores que podrían haber podido desencadenar este empeoramiento podría ser el aumento de la preocupación por mantener una vida saludable, ya que la realidad propiciaba el sedentarismo. Además, el confinamiento ha comportado una mayor exposición de los jóvenes en las redes sociales, con la potencial influencia negativa que tienen estos canales en la incorporación de un ideal de belleza de extrema delgadez.

En paralelo, el estrés asociado a la situación ha empeorado sus síntomas de base, fundamentalmente como consecuencia del aislamiento social y de las dificultades de regulación emocional, que pueden propiciar síntomas alimentarios como los episodios de atracones y posteriores conductas purgativas (vómitos autoinducidos y uso de laxantes). El confinamiento también ha podido aumentar el estrés de las personas cuidadoras, perjudicando el clima familiar, lo que supone un factor de mal pronóstico de la enfermedad.

El tratamiento habitual de los trastornos de la conducta alimentaria es largo –puede durar entre tres y cuatro años–, ya que son enfermedades muy complejas y potencialmente muy graves, pero es fundamental para lograr la recuperación y conseguir una relación sana con la comida en la edad adulta, algo que es posible en cerca del 80% de los casos. Si no hay tratamiento, existe un elevado riesgo de que los TCA se cronifiquen.

Graves ataques a la dignidad y los derechos fundamentales

El Servicio de Asesoría Jurídica de la Confederación Salud Mental España atendió 128 demandas en 2020, un 68%, efectuadas por mujeres, y un 32%, por hombres. El año pasado, protagonizado por la pandemia, fue muy difícil para todas las personas, implicó muchas renuncias y ha dejado secuelas en nuestras vidas. Uno de sus efectos colaterales más evidentes ha sido el deterioro de la salud mental, tanto en personas sin diagnóstico previo como para, muy especialmente, en personas con enfermedad mental previa.

A los confinamientos, el miedo al contagio, la crisis social y económica, el colapso sanitario –con todas sus implicaciones–, las muertes, la escasa interacción social o la ausencia de contacto físico con sus seres queridos, estas personas han tenido que sumar el desamparo y la violencia que han sufrido en muchas ocasiones. Si las personas con un trastorno mental ya sufrían discriminación y vulneraciones de sus derechos antes, la pandemia las ha agudizado y agravado, lesionando gravemente su dignidad.

Durante el confinamiento estricto, cuando se permitía la movilidad solo a personas con discapacidad, este derecho no se garantizó a las personas con enfermedad mental en igualdad de condiciones, dejándolas expuestas a la mofa y a conductas violentas, incluso por parte de las fuerzas del orden.

Según explica el informe, muchas personas no habían tramitado el reconocimiento del grado de discapacidad, por lo que se encontraron en un limbo legal, aunque pudieran aportar informes médicos o psicológicos que justificaran la necesidad de las salidas. Además, muchas otras se encontraban fuera del sistema sociosanitario, por lo que no disponían de documentación acreditativa ni medios de obtenerla en situación de emergencia.

Por otro lado, el documento denuncia que se recurrió con frecuencia a la conocida como Ley mordaza (Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana), “para sancionar a personas afectadas con problemas de salud mental, que revelaban síntomas que deberían haber implicado la activación de los servicios de salud, en lugar de ser calificados como resistencias a la autoridad”.

Irene Muñoz Escandell, asesora jurídica de la Confederación Salud Mental España y coordinadora su Comisión de Derechos Humanos, explica que en aquellos momentos “la consideración hacia las específicas circunstancias de este colectivo fue ignorada a nivel general. La información no llegaba, y si lo hacía era de forma muy confusa. Por ello, desde la Confederación se impulsó la elaboración de una serie de documentos, utilizando un lenguaje sencillo y directo, en los que se trató de despejar las dudas más recurrentes en relación con lo que se podía o no hacer. El objetivo era hacer accesible la información a las personas con problemas de salud mental”.

En cuanto al contenido de las quejas relacionadas con la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en situaciones en las que se vieron envueltas personas con problemas de salud mental, el informe destaca que la mayoría se produjeron debido a comportamientos de agentes de Policía,

Con el fin de subrayar los derechos de un colectivo tan vulnerable, Salud Mental España elaboró Intervención con personas con problemas de salud mental ante la situación de emergencia ocasionada por el Covid-19, una guía de recomendaciones dirigida específicamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Una asistencia sanitaria insuficiente y discontinua

Como ocurrió al resto de las personas con enfermedades crónicas, e incluso a aquellas que estaban haciendo frente a procesos agudos y graves, las personas con problemas de salud mental se vieron privadas de asistencia sanitaria de la noche a la mañana por causa de la pandemia. En su caso, esta realidad sobrevenida se sumó a las ya proverbiales carencias y la discontinuidad de la atención a la salud mental en España, que la confederación lleva años denunciando sin que se perciban mejoras significativas.

El Informe describe que muchas personas ni siquiera pudieron tener contacto con su centro de salud mental de manera telefónica. Otras lo tuvieron, pero no de forma regular. Como consecuencia, se produjeron numerosos problemas con la medicación, ya que esta desatención hizo imposible consultar dudas relacionadas con los tratamientos farmacológicos (aumentar o disminuir la dosis, cambiar la medicación, gestionar los efectos secundarios, etc.).

El documento también plasma la situación vivida por personas con problemas de salud mental sin hogar. La pandemia puso de manifiesto una seria falta de recursos sociosanitarios específicos. Además, los escasos recursos disponibles eran muy poco accesibles y adolecían del equipamiento necesario. Tampoco se les facilitó el traslado a centros mejor preparados para una situación tan anómala ni se garantizó el derecho a la salud mental y física de este colectivo.

«La actuación de las instituciones y profesionales de la sanidad, en cualquier situación, debe estar presidida por los mandatos imperativos de derechos humanos de no discriminar ni de tratar desigualmente, y de actuar sin prejuicios y sesgos que castigan a quien se considera ‘diferente’”, reza el documento.

Violencia contra las mujeres con problemas de salud mental

El temor al agravamiento de la violencia machista durante el confinamiento, por otra parte generalizado entre las víctimas, fue mayor entre las mujeres con problemas de salud mental. En su momento, la Red Estatal de Mujeres de Salud Mental España manifestó su preocupación por las distintas situaciones de violencia que podían estar viviendo, ya que tres de cada cuatro mujeres con problemas de salud mental han sufrido violencia en el ámbito familiar y/o en pareja, pero el 42% no reconoce la violencia como tal.

La Red también denunció las carencias existentes, de nuevo empeoradas por la pandemia, en cuanto a recursos de atención, no solo a mujeres con enfermedad mental que sufren violencia machista por parte de su pareja, sino también a las madres y cuidadoras (un rol, por cierto, muchas veces coincidente).

 

* La imagen que ilustra esta noticia es de Lisa Fotios y está disponible en Pexels.

Adolescentes al límite y maltrato a personas con enfermedad mental, el otro balance de la pandemia. Este es el titular que dibujan dos informes presentados recientemente por el Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu de Barcelona y la confederación de asociaciones de pacientes Salud Mental España.

La plataforma de salud Faros, del Hospital Sant Joan de Déu, ofrece información a las familias y desarrolla una labor de observatorio de salud de la infancia y la adolescencia.  Desde hace 12 años, elabora un informe que recoge los principales problemas de salud mental de los menores y explica cómo prevenirlos, detectarlos y tratarlos.

El planteamiento de Faros 12 – Una mirada a la salud mental de los adolescentes, que acaba de ser publicado, no está basado exclusivamente en la pandemia, pero sus responsables sí han analizado algunos datos a la luz de esta nueva realidad marcada por las restricciones sociales de los últimos meses.

El segundo documento, Informe sobre el estado de los Derechos Humanos en salud mental, 2020, se publica por sexto año consecutivo, con financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. En él se recogen las demandas registradas por el Servicio de Asesoría Jurídica de la Confederación Salud Mental España y, en este caso, también se llama la atención sobre el desamparo y la violencia, incluso institucional, que han sufrido las personas con problemas de salud mental a raíz de la pandemia de Covid-19.

Ser adolescente en tiempos de pandemia

Entre un 10 y un 20% de los adolescentes del mundo experimentan trastornos mentales, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). La mitad de estos trastornos se manifiestan antes de los 14 años y representan el 16% de la carga mundial de enfermedades y lesiones en las personas de edades comprendidas entre 10 y 19 años.

Los expertos aseguran que la detección temprana y la intervención precoz en salud mental son la mejor inversión de futuro, ya que son las mejores herramientas para reducir la prevalencia, los costes sanitarios, las morbilidades y la progresión de estas patologías, pero también son la mayor garantía de evitar que se cronifiquen los trastornos que podrían haberse curado. El tiempo que pasa desde la aparición de los primeros síntomas hasta el inicio de un tratamiento adecuado e integral es clave para la recuperación del paciente, que, contra lo que todavía se tiende a creer, es posible en muchos casos.

Por ello, es muy importante que el entorno del joven –familia y educadores– disponga de información y sepa detectar una serie de señales de estos trastornos, de modo que tome conciencia de lo que está sucediendo y pida ayuda a los profesionales sanitarios lo antes posible.

En el contexto de la pandemia de Covid-19, la presentación del Informe Faros 2021 ha servido para anunciar una realidad preocupante: los datos asistenciales del Hospital Sant Joan de Déu ponen de manifiesto un incremento del 47% en el número de pacientes atendidos en urgencias por motivos de salud mental en el primer trimestre del año, en comparación con el mismo período del 2020.

Los trastornos de ansiedad son los problemas de salud mental más frecuentes en la infancia y la adolescencia, y han podido aumentar y/o agravarse a raíz de la pandemia. Los estudios epidemiológicos muestran que afectan a entre un 9 y un 21% de los niños, las niñas y los adolescentes y que han ido en aumento en los últimos años (Infocop, 2019). Específicamente en adolescentes, en nuestro país se calcula que el 5% sufre depresión y que entre un 10 y un 20% presenta problemas de ansiedad, según la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia (SEMA).

Otro de los trastornos de salud mental frecuentes en la pubertad y la adolescencia es el abuso de las nuevas tecnologías, que se ha visto potenciado por el confinamiento. Según los autores del informe, no es tan importante el tiempo que dedican a ellas como el uso que hacen de las mismas y el tipo de contenidos que consultan. Paralelamente, las madres y los padres deben preguntarse si sus hijas y sus hijos dedican tiempo a otras actividades sociales y de ocio. Cabe recordar que una adolescencia sana se caracteriza por el protagonismo que adquiere la amistad, la interacción con iguales.

Por otra parte, en las últimas décadas se ha producido un aumento en el número de jóvenes y adolescentes que se autolesionan, es decir, que se infringen daño corporal sin intención de provocarse la muerte. Tradicionalmente, esta conducta ha sido asociada a trastornos mentales graves, pero ahora también se está dando en jóvenes sin patologías psiquiátricas establecidas y podría haber aumentado durante estos meses de ansiedad e incertidumbre.

Los jóvenes que se autolesionan buscan reducir, gestionar o escapar de tristeza, rabia u otras emociones funcionales, pero negativas cuando se prolongan en el tiempo o adquieren una intensidad desproporcionada. La conducta autolesiva se convierte en una estrategia habitual en un significativo número de casos, en los que la ayuda profesional y el apoyo familiar son tan útiles como necesarios.

Los expertos alertan de que se trata de una conducta con un riesgo de contagio muy alto. Por eso desaconsejan a maestros y educadores que aborden el tema en clase. De acuerdo con estudios publicados en los últimos diez años, el 11,4% de jóvenes de Cataluña se ha autolesionado al menos alguna vez en su vida, mientras en Europa se habla de una prevalencia del 27,6%.

Trastornos de la conducta alimentaria y confinamiento

El confinamiento ha supuesto un factor de estrés significativo para la población con una patología mental previa y, en el caso de las y los adolescentes con un trastornos de la conducta alimentaria (TCA) –anorexia, bulimia o trastorno por atracón–, un factor de riesgo de recaída y empeoramiento.

En los centros de salud mental infantil y juvenil del ámbito comunitario catalán han aumentado las consultas de TCA un 25% en el último año, un porcentaje mucho más que significativo. Además, en la Unidad de TCA del Hospital Sant Joan de Déu se han doblado las derivaciones urgentes.

Existe la hipótesis de que uno de los factores que podrían haber podido desencadenar este empeoramiento podría ser el aumento de la preocupación por mantener una vida saludable, ya que la realidad propiciaba el sedentarismo. Además, el confinamiento ha comportado una mayor exposición de los jóvenes en las redes sociales, con la potencial influencia negativa que tienen estos canales en la incorporación de un ideal de belleza de extrema delgadez.

En paralelo, el estrés asociado a la situación ha empeorado sus síntomas de base, fundamentalmente como consecuencia del aislamiento social y de las dificultades de regulación emocional, que pueden propiciar síntomas alimentarios como los episodios de atracones y posteriores conductas purgativas (vómitos autoinducidos y uso de laxantes). El confinamiento también ha podido aumentar el estrés de las personas cuidadoras, perjudicando el clima familiar, lo que supone un factor de mal pronóstico de la enfermedad.

El tratamiento habitual de los trastornos de la conducta alimentaria es largo –puede durar entre tres y cuatro años–, ya que son enfermedades muy complejas y potencialmente muy graves, pero es fundamental para lograr la recuperación y conseguir una relación sana con la comida en la edad adulta, algo que es posible en cerca del 80% de los casos. Si no hay tratamiento, existe un elevado riesgo de que los TCA se cronifiquen.

Graves ataques a la dignidad y los derechos fundamentales

El Servicio de Asesoría Jurídica de la Confederación Salud Mental España atendió 128 demandas en 2020, un 68%, efectuadas por mujeres, y un 32%, por hombres. El año pasado, protagonizado por la pandemia, fue muy difícil para todas las personas, implicó muchas renuncias y ha dejado secuelas en nuestras vidas. Uno de sus efectos colaterales más evidentes ha sido el deterioro de la salud mental, tanto en personas sin diagnóstico previo como para, muy especialmente, en personas con enfermedad mental previa.

A los confinamientos, el miedo al contagio, la crisis social y económica, el colapso sanitario –con todas sus implicaciones–, las muertes, la escasa interacción social o la ausencia de contacto físico con sus seres queridos, estas personas han tenido que sumar el desamparo y la violencia que han sufrido en muchas ocasiones. Si las personas con un trastorno mental ya sufrían discriminación y vulneraciones de sus derechos antes, la pandemia las ha agudizado y agravado, lesionando gravemente su dignidad.

Durante el confinamiento estricto, cuando se permitía la movilidad solo a personas con discapacidad, este derecho no se garantizó a las personas con enfermedad mental en igualdad de condiciones, dejándolas expuestas a la mofa y a conductas violentas, incluso por parte de las fuerzas del orden.

Según explica el informe, muchas personas no habían tramitado el reconocimiento del grado de discapacidad, por lo que se encontraron en un limbo legal, aunque pudieran aportar informes médicos o psicológicos que justificaran la necesidad de las salidas. Además, muchas otras se encontraban fuera del sistema sociosanitario, por lo que no disponían de documentación acreditativa ni medios de obtenerla en situación de emergencia.

Por otro lado, el documento denuncia que se recurrió con frecuencia a la conocida como Ley mordaza (Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana), “para sancionar a personas afectadas con problemas de salud mental, que revelaban síntomas que deberían haber implicado la activación de los servicios de salud, en lugar de ser calificados como resistencias a la autoridad”.

Irene Muñoz Escandell, asesora jurídica de la Confederación Salud Mental España y coordinadora su Comisión de Derechos Humanos, explica que en aquellos momentos “la consideración hacia las específicas circunstancias de este colectivo fue ignorada a nivel general. La información no llegaba, y si lo hacía era de forma muy confusa. Por ello, desde la Confederación se impulsó la elaboración de una serie de documentos, utilizando un lenguaje sencillo y directo, en los que se trató de despejar las dudas más recurrentes en relación con lo que se podía o no hacer. El objetivo era hacer accesible la información a las personas con problemas de salud mental”.

En cuanto al contenido de las quejas relacionadas con la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en situaciones en las que se vieron envueltas personas con problemas de salud mental, el informe destaca que la mayoría se produjeron debido a comportamientos de agentes de Policía,

Con el fin de subrayar los derechos de un colectivo tan vulnerable, Salud Mental España elaboró Intervención con personas con problemas de salud mental ante la situación de emergencia ocasionada por el Covid-19, una guía de recomendaciones dirigida específicamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Una asistencia sanitaria insuficiente y discontinua

Como ocurrió al resto de las personas con enfermedades crónicas, e incluso a aquellas que estaban haciendo frente a procesos agudos y graves, las personas con problemas de salud mental se vieron privadas de asistencia sanitaria de la noche a la mañana por causa de la pandemia. En su caso, esta realidad sobrevenida se sumó a las ya proverbiales carencias y la discontinuidad de la atención a la salud mental en España, que la confederación lleva años denunciando sin que se perciban mejoras significativas.

El Informe describe que muchas personas ni siquiera pudieron tener contacto con su centro de salud mental de manera telefónica. Otras lo tuvieron, pero no de forma regular. Como consecuencia, se produjeron numerosos problemas con la medicación, ya que esta desatención hizo imposible consultar dudas relacionadas con los tratamientos farmacológicos (aumentar o disminuir la dosis, cambiar la medicación, gestionar los efectos secundarios, etc.).

El documento también plasma la situación vivida por personas con problemas de salud mental sin hogar. La pandemia puso de manifiesto una seria falta de recursos sociosanitarios específicos. Además, los escasos recursos disponibles eran muy poco accesibles y adolecían del equipamiento necesario. Tampoco se les facilitó el traslado a centros mejor preparados para una situación tan anómala ni se garantizó el derecho a la salud mental y física de este colectivo.

«La actuación de las instituciones y profesionales de la sanidad, en cualquier situación, debe estar presidida por los mandatos imperativos de derechos humanos de no discriminar ni de tratar desigualmente, y de actuar sin prejuicios y sesgos que castigan a quien se considera ‘diferente’”, reza el documento.

Violencia contra las mujeres con problemas de salud mental

El temor al agravamiento de la violencia machista durante el confinamiento, por otra parte generalizado entre las víctimas, fue mayor entre las mujeres con problemas de salud mental. En su momento, la Red Estatal de Mujeres de Salud Mental España manifestó su preocupación por las distintas situaciones de violencia que podían estar viviendo, ya que tres de cada cuatro mujeres con problemas de salud mental han sufrido violencia en el ámbito familiar y/o en pareja, pero el 42% no reconoce la violencia como tal.

La Red también denunció las carencias existentes, de nuevo empeoradas por la pandemia, en cuanto a recursos de atención, no solo a mujeres con enfermedad mental que sufren violencia machista por parte de su pareja, sino también a las madres y cuidadoras (un rol, por cierto, muchas veces coincidente).

 

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