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El Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las mujeres 2020 está marcado por la pandemia de Covid-19. En un mundo confinado, las mujeres y las niñas que ya sufrían agresiones machistas –que sumaban 243 millones ya antes de la pandemia, según ONU Mujeres– se han encontrado encerradas con sus torturadores e indefensas, sin un respiro.

Consciente de ello, y ante el aumento de las llamadas a los teléfonos de atención destinados a prestarles apoyo a lo largo y ancho del mundo, así como de un descenso de las denuncias ante la justicia, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, realizó un llamamiento el pasado 24 de junio y propuso una serie de medidas básicas para hacer frente a esta pandemia dentro de la pandemia.

146 estados miembros u observadores suscribieron la declaración de la ONU, centrada en seis medidas básicas:

1. financiar con urgencia y con la burocracia estrictamente necesaria a las organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres

2. garantizar el acceso inmediato de las supervivientes a los servicios sanitarios y sociales específicos

3. garantizar que estos servicios se consideren esenciales y permanezcan siempre abiertos para no dejar a nadie atrás

4. dar prioridad a la respuesta policial y a la judicial

5. aplicar medidas de prevención y educación en igualdad

6. recopilar solamente los datos de las supervivientes estrictamente necesarios para mejorar el apoyo que se les presta, siempre respetando sus derechos

Ante el agravamiento de una realidad ya de por sí crítica, las mujeres que hacemos posible DOUBLEDOSE nos sumamos a la militancia que exige el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, así como a la campaña 16 Días de Activismo, que este año discurre bajo el lema Pinta el Mundo de Naranja: ¡Financiar, Responder, Prevenir, Recopilar!

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16 Días de Activismo #ONUMujeres (+1)

Violencia machista contra niñas y adolescentes

¡No solo ocurre lejos, está aquí!

La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres ha publicado recientemente el informe Vivencias, actitudes y percepciones sobre la violencia de género en adolescentes en la Comunidad de Madrid, Sus conclusiones se obtuvieron de las respuestas de 1.578 alumnas y alumnos de 3º y 4º de la ESO de 18 institutos de Educación Secundaria, con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años.

Hay un dato muy llamativo: el 69% de las chicas y el 70% de los chicos consideran que la violencia de género es aquella que ejerce un género sobre el otro, indistintamente. Solo el 27% de las chicas y el 24% de los chicos la identifican como la violencia que se ejerce específicamente sobre las mujeres por el mero hecho de serlo.

Coincidiendo también con el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, la iniciativa Contra el Maltrato. Tolerancia Cero, ha publicado el I Macroestudio Violencia de Género Tolerancia Cero, con 7.508 encuestados mayores de edad.

En este caso, llama la atención que sean los jóvenes de entre 18 y 34 años quienes menor percepción tienen de problema: el 28% considera que dificultar el acceso de las mujeres al trabajo o a los estudios no es violencia de género y en torno al 20% afirma que tampoco lo es controlar sus horarios, su móvil y sus redes sociales.

Sin embargo, los datos del Instituto Nacional de Estadística sobre Violencia Doméstica y Violencia de Género de 2019 señalan un aumento de la tasa de víctimas menores de 18 años del 6,2% respecto al año anterior. En total, 719 menores españolas denunciaron a sus agresores, por lo que el número real de adolescentes afectadas se estima muy superior.

Para el informe Menores y Violencia de Género, de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y la Universidad Complutense de Madrid, se entrevistó a cerca de 10.500 menores. Los datos son preocupantes: más del 16% de las adolescentes ha sufrido violencia psicológica y el 10,9% ha sido presionada en situaciones de tipo sexual por su pareja.

Fuera de la pareja, el porcentaje de presiones para realizar algún tipo de acto sexual se eleva al 13,6%. En algunos casos, la violencia se produce a muy corta edad: menos de seis años en el 2,9% de los casos y entre 13 y 15 años en el 68,8%, por citar solo algunas cifras verdaderamente espeluznantes.

 

Cifras globales

Estos datos alejan la percepción de que la violencia contra las niñas y las adolescentes es mas propia de otras culturas y latitudes. ONU Mujeres corrobora su triste y mundial carácter.

Por ejemplo, señala que, según datos de Unicef, 15 millones de niñas adolescentes de 15 a 19 años han experimentado relaciones sexuales forzadas en todo el mundo. En la inmensa mayoría de los países, las adolescentes son el grupo con mayor riesgo de verse forzadas a mantener relaciones sexuales (u otro tipo de actos sexuales) por parte de su marido, pareja o novio actual o anterior. De acuerdo con los datos disponibles para 30 países, tan sólo un 1% de ellas ha pedido  ayuda profesional alguna vez.

Además, ONU Mujeres recoge datos de la Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales, que señalan que, ya en 2014, una de cada diez mujeres afirmaba haber experimentado ciberacoso desde los 15 años.

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16 Días de Activismo #ONUMujeres (+1)

Mujeres mayores:
décadas de violencia que se suman a la invisibilidad y el ‘edadismo’

Hace cerca de un año, en diciembre de 2019, se publicó el estudio Mujeres mayores de 65 años víctimas de la violencia de género, financiado por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y realizado por Cruz Roja España.

Cruz Roja gestiona el servicio de teleasistencia Atenpro, de titularidad pública. El estudio analizó encuestas realizadas a una muestra representativa de sus usuarias y sus conclusiones dibujan un panorama muy triste, en el que la edad y la dependencia actúan como factores de riesgo extremos.

Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, elDiario.es entrevistó a la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, jueza de profesión y comprometida con la aplicación de la perspectiva de género en las sentencias judiciales.

En ella, Rosell explica: Las personas mayores detectan menos violencia porque han sido educadas en el machismo y la desigualdad. Es verdad que tardan mucho en denunciar o que no se consideran víctimas de una violencia psicológica, sexual y económica Resulta evidente que sí sufren violencia económica, en esos maridos que consideran que no deben gastarse nada en sí mismas, que deben comprar solo para la casa (…). Son mujeres que fueron criadas con la concepción de que el sexo con su marido es un deber marital. Sufren violencia, la cuentan menos, la detectan menos y rompen la relación en mucha menor medida”.

Las principales conclusiones del estudio no dejan lugar a muchas dudas:

1. La larga trayectoria de violencia es una de las características definitorias de la violencia de género en las mujeres mayores de 65 años que participan en el estudio: el 40% ha sufrido violencia durante más de 40 años y el 27% ha estado sufriendo violencia a lo largo de entre 20 y 30 años.

2. Los diferentes tipos de violencia de género analizados (física, sexual, económica, psicológica) presentan porcentajes altos de prevalencia entre las mujeres entrevistadas.

3. Distintos acontecimientos vitales (matrimonio, embarazo, nacimiento de hijos o hijas, separación, jubilación, papel de la mujer como cuidadora del maltratador, papel del maltratador como cuidador de la mujer) actúan como catalizadores que potencian, aceleran y agravan la escalada de la violencia.

4. Casi la mitad de las mujeres entrevistadas (46%) consideran que el riesgo de sufrir una nueva agresión es alto o muy alto.

5. No existe una asociación clara de la violencia de género con cualquier perfil sociodemográfico o económico.

6. El 70% señala que sus hijos e hijas han presenciado algunas de las agresiones sufridas, y tres de cada diez indican que también fueron víctimas de agresiones, insultos, menosprecios e intimidaciones.

Las mujeres con más de 65 años experimentan la discriminación de género en mayor medida que las mujeres jóvenes, y la discriminación por edad en mayor medida que los hombres mayores. Esa doble discriminación está en la base de la invisibilidad de la violencia machista contra las mujeres mayores, cuya realidad es menos comprendida y cuyas necesidades son menos atendidas por su entorno y por los recursos públicos.

Además, la pandemia nos ha obligado a abrir los ojos a una de las vergüenzas más sangrantes de nuestra sociedad: el maltrato a las personas mayores, que también sufren en mayor medida las mujeres.

Según un estudio del Servicio Especializado de Atención a las Personas Mayores del Consejo Comarcal del Bajo Llobregat (Barcelona), las hijas, pero sobre todo los hijos, están directamente involucrados en el 36,36% de los casos de maltrato a personas mayores y las mujeres lo sufren más que los hombres en todas las franjas de edad: 29,49% frente a 15,38% entre 65 y 84 años (44,87%); 19,23% frente a 7,69% en el tramo de más de 85 años (26,92%); y 16,67% y 11,54% hasta los 64 años (28,21%).

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16 Días de Activismo #ONUMujeres (+1)

La denuncia como arma arrojadiza y el S.O.S. accesible en farmacias y supermercados

Denunciar o no denunciar, ¡he ahí la cuestión! Uno de los mecanismos a disposición de las mujeres frente a sus agresores es un arma de doble filo. Y, lamentablemente, uno de los territorios en los que más ha calado la propaganda machista.

Por una parte, se alimenta el bulo de que las denuncias falsas suponen un porcentaje significativo del total de las denuncias por violencias, pese a que la evidencia constata un año tras otro que no suponen ni siquiera el 1%.

De acuerdo con los datos de la Fiscalía General del Estado, han supuesto un 0,0069% en el periodo 2009-2019. En términos absolutos, el número de condenas por denuncia falsa en casos de violencia de género de una década completa ascendió a 118.

La cifra es evidentemente ridícula, máxime cuando la comparamos con el número de denuncias presentadas solo durante el último año contabilizado, 2019, que ascendió a 168.057, según datos del Poder Judicial.

La mentira se sustenta sobre una confusión intencionada y elude cualquier análisis con perspectiva de género. La letrada Maribel Martínez Pérez afirma en el Blog de Igualdad y Violencia de Género del Consejo General de la Abogacía Española, en alusión a la irresponsabilidad de algunos medios de comunicación, que “estas informaciones establecen un paralelismo entre archivo o sobreseimiento de denuncia y denuncia falsa, demostrando un absoluto desconocimiento tanto del funcionamiento judicial, como del ciclo de la violencia”.

Respecto al funcionamiento judicial se podría hablar largo y tendido. Para empezar, no todas las denuncias pasan por los juzgados especializados en violencia contra la mujer, en los que sí se aplica la perspectiva de género y que emitieron un 88% de sentencias condenatorias en 2019, frente al escueto 57,84% de condenas de los juzgados de lo penal en el mismo año. Este modesto porcentaje es histórico para el Poder Judicial, habida cuenta del sesgo machista que todavía empapa el sistema de justicia.

Además, archivo y sobreseimiento parten a menudo de las mujeres, que abandonan el caso por miedo, dependencia económica y dependencia emocional. Todos estos motivos forman parte del abecé del maltrato, pero los negacionistas los utilizan como arma arrojadiza para culpar a las víctimas de su destino por no denunciar a sus agresores. Si no denuncias, no te quejes, vienen a decir. Ahora bien, si denuncias, estás mintiendo. Es el círculo vicioso de la maquinaria propagandística del machismo.

Las mentiras también obvian que muchas mujeres no denuncian porque no pueden, porque están sometidas, vigiladas, encerradas y, sobre todo, no perciben que vayan a recibir el apoyo necesario para iniciar una nueva vida partiendo de cero.

 

Mascarilla 19 y otros recursos

Precisamente, nuestro quinto día de activismo girará en torno a la necesidad de ofrecer a las mujeres todo lo necesario para ese nuevo comienzo. Hoy, sin embargo, nos centraremos en la idea de que denunciar no debe ser un requisito para obtener ayuda pública.

El primer fin de semana completo del confinamiento, 21 y 22 de marzo de 2020, el Instituto Canario de Igualdad y los colegios oficiales de farmacéuticos de las islas pusieron en marcha Mascarilla 19. Su objetivo: proteger a las mujeres y a sus hijas e hijos de las consecuencias de estar encerrados en casa con su agresor.

Cuando una mujer pronuncia este santo y seña, el personal de la farmacia se pone inmediatamente en contacto con el 112 y especifica que se trata de una llamada por violencia de género, desencadenando un protocolo de respuesta.

A las pocas semanas, la experiencia no solo se extendió como la pólvora por toda España, sino que llamó la atención de países como Finlandia, Francia, Argentina y Chile, entre otros.

El 6 de abril, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, hizo un llamamiento, La lucha contra la violencia de género, parte vital de la respuesta de los países frente al COVID-19, en el que instaba a los gobiernos del mundo a establecer un sistema de alertas en farmacias y supermercados.

Estos establecimientos permanecieron abiertos durante el confinamiento, pero se han integrado en las propuestas generales de ONU Mujeres a posteriori porque garantizan la accesibilidad de la solicitud de ayuda por su capilaridad y, desde el retorcido punto de vista del agresor, porque son lugares a los que sí permiten ir solas a su víctimas.

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16 Días de Activismo #ONUMujeres (+1)

La vida después: la importancia de garantizar seguridad y bienestar

¿Cómo será la vida después? Es probable que esta pregunta martillee el cerebro de las mujeres cuando dan el paso de romper con su agresor. ¿Seré capaz, me dejará vivir?, pensarán.

La estrategia de la violencia es progresiva, pone el foco en la destrucción de la autoestima de las mujeres, promueve la dependencia, tanto emocional como económica, y se construye sobre el miedo y el control, por lo que dejarla atrás no es sencillo.

Además, antes de dar el paso de víctima a superviviente, las mujeres deben hacer frente a la incomprensión de una parte significativa de la sociedad, jaleada por partidos políticos negacionistas y medios de comunicación afines o ‘consentidores’.

Por si fuera poco, deben transitar por un sistema de justicia que todavía no ha sabido incorporar la perspectiva de género y que incluso permite que misóginos machistas como el trístemente famoso magistrado del voto particular de La Manada puedan juzgar casos de violencia contra las mujeres.

Por último, romper la relación, aunque fundamental para que las mujeres recuperen su vida y sus derechos, también es un factor de riesgo. De hecho, el momento de la ruptura, especialmente si hay una denuncia de por medio, es crítico, tal y como explicó Victoria Rosell a RTVE el pasado 23 de noviembre.

Siete de los 41 asesinatos considerados de violencia de género en lo que va de año fueron perpetrados por la expareja de la víctima, frente a los 34 cometidos por su pareja.

 

Un tibio apoyo institucional  

El pasado miércoles, Victoria Rosell, delegada del Gobierno para la Violencia de Género, publicó el siguiente post en su cuenta de Twitter:

“Hoy es ‪#25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Con la mirada puesta en los derechos de todas las víctimas y las obligaciones del conjunto del Estado, y en los pactos políticos y feministas que no podemos permitirnos romper. #NosQueremosVivas”.

En declaraciones realizadas a distintos medios de comunicación, explicó que las mujeres que dan el paso de separarse de sus agresores deben tener garantizada una alternativa habitacional, el acceso preferente al Ingreso Mínimo Vital y la escolarización inmediata de sus hijas e hijos en sus nuevos centros educativos.

Además, el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica, conocido como Convenio de Estambul, exige garantizar asistencia médica y apoyo psicológico a las mujeres y a los menores a su cargo, si los hubiera.

Tras dos legislaturas perdidas, en las que los gobiernos del Partido Popular no modificaron la legislación española para adaptarla a la primera normativa vinculante de la UE en materia de violencias contra las mujeres, la futura Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual prevé, entre otros aspectos la creación de un fondo específico para apoyar a las supervivientes.

Paralelamente, la campaña #16DíasdeActivismo recomienda a los distintos agentes sociales que incentiven y practiquen la contratación de las mujeres que han sobrevivido a la violencia machista, además de dotar de fondos a las asociaciones que las apoyan, para las que pide el reconocimiento social que merecen.

A la espera de que la situación mejore con la aplicación del Convenio de Estambul, en la actualidad la atención que reciben las supervivientes es desigual, lenta, tibia, descoordinada y, como hemos visto, ni siquiera garantiza el respaldo de la justicia.

16 Días de Activismo #ONUMujeres (+1)

Los menores también son víctimas de la violencia contra las mujeres

Los menores también son víctimas, muchas veces vicarias, de la violencia contra las mujeres y el agresor debe perder los derechos de guarda y custodia, pero también se le debe negar cualquier régimen de visitas cuando exista una condena.

Sin embargo, esta afirmación tan obvia no está debidamente recogida en la legislación española. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, modificada por la disposición final 3.3 de la Ley Orgánica 8/2015, en sus artículos 65 y 66, concede al juez la potestad de la patria potestad y la custodia, y del derecho a un régimen de visitas, respectivamente.

El libre arbitrio judicial, aunque las asociaciones profesionales del sector, especialmente las más conservadoras, insistan en lo contrario, no ha funcionado debidamente. Según las asociaciones de mujeres, el problema radica en un simple verbo: si la ley hubiese dicho ‘tendrá que’, en lugar de ‘podrá’, otro gallo hubiese cantado para tantas niñas y tantos niños.

 

No es un buen padre, pero sí un peligro

El pasado 18 de diciembre de 2019, el Defensor del Pueblo presentó dos recomendaciones ante el Ministerio de Justicia. En la primera, instaba a instaurar la obligación de un pronunciamiento específico acerca de la suspensión cautelar o provisional del régimen de visitas para el inculpado por violencia de género.

En la segunda, de forma complementaria, recomendaba que la existencia de una medida de salida del domicilio, alejamiento o suspensión de las comunicaciones respecto de una mujer víctima de violencia de género haya de ser trasladada de modo inmediato al juzgado responsable del procedimiento de separación o divorcio.

Las recomendaciones llegaban tarde para Itziar Prats y sus hijas, Nerea y Martina. Su padre las asesinó el 25 de septiembre de 2018 porque el juzgado no aplicó las medidas de protección solicitadas por una madre que, desgraciadamente, estaba en lo cierto.

Además, nadie preguntó a las niñas qué querían ni qué pasaba. Este particular, al menos, está recogido en el Proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que el Gobierno remitió a las Cortes Generales el 9 de junio de 2020. A partir de su aprobación, los menores tendrán derecho a expresarse en todos los expedientes de su interés.

Sin embargo, aquel texto no dejó conformes a las asociaciones de mujeres, ni al Defensor del Pueblo, ni a otros portavoces sociales, ya que no incorporaba la perspectiva de género. Además, no hacía explícita la obligación de actuar frente al peligro que puede suponer un agresor machista también para sus hijas y sus hijos, muchas veces solo por hacer daño a la mujer que les ha abandonado.

Recogiendo el capote, el Ministerio de Justicia se comprometió públicamente a recoger las críticas para que el texto deje menos lugar a la interpretación judicial. A la espera de que el compromiso se plasme en el texto definitivo, son muchas las voces que insisten en que leyes como estas no deben utilizar el verbo poder: no deben dejar ninguna puerta abierta al machismo y las violencias contra las mujeres, ni sus hijas, ni sus hijos.

16 Días de Activismo #ONUMujeres (+1)

Yo sí te creo: no más culpa para las víctimas de violencia sexual

El caso de La Manada marcó un antes y un después en España. Buena parte de la sociedad española vivió la sentencia 000038/2018, de la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, como una agresión. El resultado del juicio fue un escándalo y el voto particular del magistrado Ricardo Javier González González, que arrastra numerosas faltas graves y muy graves en el cumplimiento de su deber, solo se puede considerar un espanto inaceptable.

Conviene volver a expresar una idea, a la que hemos recurrido en otro punto de este artículo: a las mujeres españolas todavía se nos obliga a transitar por un sistema de justicia que no ha sabido incorporar la perspectiva de género y que permite que misóginos machistas como el tristemente famoso magistrado del voto particular puedan juzgar casos tan sensibles y graves como el de La Manada.

Tan horrorizada se quedó la gente entonces, que sintió que había llegado el momento de alinearse públicamente con el feminismo. Cientos de miles de personas salieron inmediatamente a las calles al grito de «Yo sí te creo» aquel 26 de abril de 2018. Muchas de ellas, a las que meses después se unirían cientos de miles más, se quedaron en la calle y celebraron un 8M histórico en 2019, esta vez ya debidamente reflejado en los medios de comunicación, que tanto habían ninguneado las manifestaciones de 2018.

La sentencia fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra en diciembre de 2018, pero el Ministerio Fiscal y la acusación particular acudieron a la última instancia judicial. Finalmente, el Tribunal Supremo dio a conocer su decisión el 21 de junio de 2019, publicándola íntegramente el 5 de julio del mismo año, en la que concluyó que no había habido abuso, sino agresión con intimidación y pleno conocimiento.

Esta sentencia resultó ser algo más acorde con los hechos y, por tanto, más justa. Sin embargo, el fallo de la Audiencia Provincial de Navarra escondía un segundo problema: había considerado la agresión como delito continuado, en lugar de reconocer cada una de las veces que violaron a la víctima como delito, lo que podría haber supuesto condenas por 10 delitos de violación para cada acusado.

Al no haber impugnado esta consideración ninguna de las partes al inicio del litigio, el Supremo se vio obligado a limitar su sentencia contra cada uno de los cinco violadores de La Manada a 15 años de cárcel por un único delito de violación continuada. En otras palabras, pudo elevar sustancialmente los 9 años de cárcel que habían recibido inicialmente por un delito de abuso, pero el castigo fue mucho más benévolo de lo que pudo haber sido.

 

Agresión y consentimiento  

La sentencia inicial de La Manada puso de manifiesto dos sesgos de género de la administración de justicia, ambos claramente ofensivos y lesivos para las mujeres: por una parte, la doble victimización, causada cuando no se cree a las mujeres que denuncian una agresión sexual, que deben demostrar su inocencia aunque no sean ellas las acusadas; por otra, que la distinción entre abuso y agresión, basada  en el consentimiento, perjudica a las mujeres, al menos en el contexto de una interpretación machista de las leyes como la actual. Una vez más, condicionar el resultado de un litigio al buen arbitrio de la sala no es aconsejable cuando se juzgan delitos penales de tanta gravedad.

Cabe resaltar que el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica, conocido como Convenio de Estambul, expresa en su letra todas las consideraciones anteriores, que trata de recoger la futura Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, de la que se acaba de presentar un segundo borrador.

Se elimina la distinción entre abuso y agresión, equiparando también las condenas a 15 años de cárcel, y se elimina la trampa del NO como exigencia para que se interprete inequívocamente que no ha habido consentimiento. A partir de su aprobación, SOLO SÍ ES SÍ. De este modo, a la espera de que comprobemos cómo reaccionan los sectores más recalcitrantes de la abogacía y la judicatura, las sentencias no podrán caminar entre dos aguas: cuando hubo delito, hubo agresión. Cuando hubo delito, el acusado es un violador. Y punto.

16 Días de Activismo #ONUMujeres (+1)

La prostitución y la trata de personas son primas carnales

Junto a la discusión entre género y sexo, en relación a la Teoría Queer, la prostitución es tal vez el tema más controvertido en el seno del feminismo. Además, son muchas las organizaciones civiles a lo largo y ancho del mundo que reprochan a ONU Mujeres su neutralidad expresa en cuanto a si debe o no ser legalizada.

Las palabras importan, y mucho, en este desacuerdo. La directora ejecutiva de esta organización de Naciones Unidas, Phumzile Mlambo-Ngcuka, utiliza indistintamente los sustantivos prostitución y trabajo sexual, pero no son lo mismo. Tampoco es igual decir prostituta que decir mujer prostituida. En este caso, la utilización del sujeto pasivo enfatiza una intencionalidad, como sucede, salvando las distancias, con «la España vaciada».

«Rechazamos enfáticamente el término ‘trabajo sexual’, un eufemismo para la prostitución. La prostitución no es ni ‘sexo’ ni ‘trabajo’, pero sí una de las formas más atroces de violencia masculina y violencia sexual, una invasión corporal y una barrera para la igualdad. Reclamamos leyes que descriminalicen a las mujeres prostituidas (…), al tiempo que hacen responsables a sus perpetradores, incluidos compradores y explotadores sexuales, del daño que causan».

Las líneas anteriores son parte de una carta de un total de 1.400 representantes de organizaciones civiles de todo el mundo, entre ellas muchas españolas, dirigida a la directora ejecutiva de ONU Mujeres el 17 de octubre de 2019, publicada en su día por Pass Blue, un medio de comunicación específicamente consagrado a garantizar una cobertura independiente de todas las actividades de Naciones Unidas.

Precisamente, en un reportaje que publica al hilo de esta controversia el citado medio, la veterana periodista Barbara Crossette afirma: «Parece improbable que aquellas que están atrapadas en los burdeles de los barrios bajos de Mumbai o en ciudades del mundo desarrollado (alrededor de 400.000 mujeres solo en Alemania, provenientes de África, Europa del Este y otros lugares) se llamen a sí mismas trabajadoras sexuales».

 

70% mujeres / 77% explotadas sexualmente

El pasado 7 de agosto, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, hizo público el informe Trata de Mujeres y Niñas. Reproducimos aquí el punto número 2 de su introducción, en el que queda dicha gran parte de nuestra postura respecto a la prostitución y se refleja en pocas líneas la crudeza de este sucio negocio, radicalmente contrario a los derechos y la dignidad humanas.

Pese a esos compromisos, los avances realizados en la eliminación de la trata de mujeres y niñas siguen produciéndose con una lentitud inaceptable. Entre 2017 y 2018 se detectó un total de 74.514 víctimas de la trata en más de 110 países. Alrededor del 70% de las víctimas que se detectan son mujeres, principalmente adultas, pero cada vez más niñas. Alrededor del 77% de las mujeres detectadas son víctimas de la trata con fines de explotación sexual, el 14% para el trabajo forzoso y el resto para otras formas de explotación. Las mujeres también continúan siendo objeto de trata con fines de matrimonio simulado, forzado y servil, matrimonio infantil, servidumbre doméstica y embarazo forzado. La Organización Internacional del Trabajo estima que, en todo el mundo, 28,7 millones de mujeres y niñas (el 71% de las víctimas) fueron sometidas a trabajo forzoso, servidumbre por deudas, matrimonio forzoso, esclavitud y prácticas análogas a la esclavitud y trata en 2016. La mayoría de los tratantes siguen siendo hombres.

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25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia Machista

El Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las mujeres 2020 está marcado por la pandemia de Covid-19. En un mundo confinado, las mujeres y las niñas que ya sufrían agresiones machistas –que sumaban 243 millones ya antes de la pandemia, según ONU Mujeres– se han encontrado encerradas con sus torturadores e indefensas, sin un respiro.

Consciente de ello, y ante el aumento de las llamadas a los teléfonos de atención destinados a prestarles apoyo a lo largo y ancho del mundo, así como de un descenso de las denuncias ante la justicia, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, realizó un llamamiento el pasado 24 de junio y propuso una serie de medidas básicas para hacer frente a esta pandemia dentro de la pandemia.

146 estados miembros u observadores suscribieron la declaración de la ONU, centrada en seis medidas básicas:

1. financiar con urgencia y con la burocracia estrictamente necesaria a las organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres

2. garantizar el acceso inmediato de las supervivientes a los servicios sanitarios y sociales específicos

3. garantizar que estos servicios se consideren esenciales y permanezcan abiertos en todo momento para no dejar a nadie atrás

4. dar prioridad a la respuesta policial y a la judicial

5. aplicar medidas de prevención y educación en igualdad

6. recopilar solamente los datos de las supervivientes estrictamente necesarios para mejorar el apoyo que se les presta, siempre respetando sus derechos

Ante el agravamiento de una realidad ya de por sí crítica, las mujeres que hacemos posible DOUBLEDOSE nos sumamos a la militancia que exige el 25 de noviembre, así como a la campaña 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, que este año discurre bajo el lema Pinta el Mundo de Naranja: ¡Financiar, Responder, Prevenir, Recopilar!

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Violencia machista contra niñas y adolescentes

¡No solo ocurre lejos, está aquí!

La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres ha publicado recientemente el informe Vivencias, actitudes y percepciones sobre la violencia de género en adolescentes en la Comunidad de Madrid, Sus conclusiones, descorazonadoras en general, se obtuvieron de las respuestas de 1.578 alumnas y alumnos de 3º y 4º de la ESO de 18 institutos, con edades entre los 14 y los 17 años.

Hay un dato muy llamativo: el 69% de las chicas y el 70% de los chicos consideran que la violencia de género es aquella que ejerce un género sobre el otro, indistintamente. Solo el 27% de las chicas y el 24% de los chicos la identifican como la violencia que se ejerce específicamente sobre las mujeres por el mero hecho de serlo.

Coincidiendo también con el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, la iniciativa Contra el Maltrato. Tolerancia Cero, ha publicado el I Macroestudio Violencia de Género Tolerancia Cero, con 7.508 encuestados mayores de edad.

En este caso, llama la atención que sean los jóvenes de entre 18 y 34 años quienes menor percepción tienen de problema: el 28% considera que dificultar el acceso de las mujeres al trabajo o a los estudios no es violencia de género y en torno al 20% afirma que tampoco lo es controlar sus horarios, su móvil y sus redes sociales.

Sin embargo, los datos del Instituto Nacional de Estadística sobre Violencia Doméstica y Violencia de Género de 2019 señalan un aumento de la tasa de víctimas menores de 18 años del 6,2% respecto al año anterior. En total, 719 menores españolas denunciaron a sus agresores, por lo que el número real de víctimas se estima muy superior.

El informe Menores y Violencia de Género, de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y la Universidad Complutense de Madrid, entrevistó a cerca de 10.500 menores. Los datos son preocupantes: más del 16% de las adolescentes ha sufrido violencia psicológica y el 10,9% ha sido presionada en situaciones de tipo sexual por su pareja. Fuera de la pareja, el porcentaje de presiones sexuales se eleva al 13,6%, en algunos casos a muy corta edad: menos de seis años en el 2,9% de los casos y entre 13 y 15 años en el 68,8%, por citar solo algunas cifras.

 

Cifras globales

Estos datos alejan la percepción de que la violencia contra las niñas y las adolescentes es mas propia de otras culturas y latitudes. ONU Mujeres corrobora su triste y mundial carácter.

Por ejemplo, señala que, según datos de Unicef, 15 millones de niñas adolescentes de 15 a 19 años han experimentado relaciones sexuales forzadas en todo el mundo. En la inmensa mayoría de los países, las adolescentes son el grupo con mayor riesgo de verse forzadas a mantener relaciones sexuales (u otro tipo de actos sexuales) por parte de su esposo, pareja o novio actual o anterior. De acuerdo con los datos disponibles para 30 países, tan sólo un 1 por ciento de ellas ha pedido alguna vez ayuda profesional.

Además, recoge datos de la Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales, que señalan que, ya en 2014, una de cada diez mujeres afirmaba haber experimentado ciberacoso desde los 15 años de edad.

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16 Días de Activismo #ONUMujeres (+1)

Mujeres mayores:
décadas de violencia que se suman a la invisibilidad y el ‘edadismo’

Hace cerca de un año, en diciembre de 2019, se publicó el estudio Mujeres mayores de 65 años víctimas de la violencia de género, financiado por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y realizado por Cruz Roja España.

Cruz Roja gestiona el servicio de teleasistencia Atenpro, de titularidad pública. El estudio analizó encuestas realizadas a una muestra representativa de sus usuarias y sus conclusiones dibujan un panorama muy triste, en el que la edad y la dependencia actúan como factores de riesgo extremos.

Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, elDiario.es entrevistó a la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, jueza de profesión y comprometida con la aplicación de la perspectiva de género en las sentencias judiciales.

En ella, Rosell explica: Las personas mayores detectan menos violencia porque han sido educadas en el machismo y la desigualdad. Es verdad que tardan mucho en denunciar o que no se consideran víctimas de una violencia psicológica, sexual y económica Resulta evidente que sí sufren violencia económica, en esos maridos que consideran que no deben gastarse nada en sí mismas, que deben comprar solo para la casa (…). Son mujeres que fueron criadas con la concepción de que el sexo con su marido es un deber marital. Sufren violencia, la cuentan menos, la detectan menos y rompen la relación en mucha menor medida”.

Las principales conclusiones del estudio no dejan lugar a muchas dudas:

1. La larga trayectoria de violencia es una de las características definitorias de la violencia de género en las mujeres mayores de 65 años que participan en el estudio: el 40% ha sufrido violencia durante más de 40 años y el 27% ha estado sufriendo violencia a lo largo de entre 20 y 30 años.

2. Los diferentes tipos de violencia de género analizados (física, sexual, económica, psicológica) presentan porcentajes altos de prevalencia entre las mujeres entrevistadas.

3. Distintos acontecimientos vitales (matrimonio, embarazo, nacimiento de hijos o hijas, separación, jubilación, papel de la mujer como cuidadora del maltratador, papel del maltratador como cuidador de la mujer) actúan como catalizadores que potencian, aceleran y agravan la escalada de la violencia.

4. Casi la mitad de las mujeres entrevistadas (46%) consideran que el riesgo de sufrir una nueva agresión es alto o muy alto.

5. No existe una asociación clara de la violencia de género con cualquier perfil sociodemográfico o económico.

6. El 70% señala que sus hijos e hijas han presenciado algunas de las agresiones sufridas, y tres de cada diez indican que también fueron víctimas de agresiones, insultos, menosprecios e intimidaciones.

Las mujeres con más de 65 años experimentan la discriminación de género en mayor medida que las mujeres jóvenes, y la discriminación por edad en mayor medida que los hombres mayores. Esa doble discriminación está en la base de la invisibilidad de la violencia machista contra las mujeres mayores, cuya realidad es menos comprendida y cuyas necesidades son menos atendidas por su entorno y por los recursos públicos.

Además, la pandemia nos ha obligado a abrir los ojos a una de las vergüenzas más sangrantes de nuestra sociedad: el maltrato a las personas mayores, que también sufren en mayor medida las mujeres.

Según un estudio del Servicio Especializado de Atención a las Personas Mayores del Consejo Comarcal del Bajo Llobregat (Barcelona), las hijas, pero sobre todo los hijos, están directamente involucrados en el 36,36% de los casos de maltrato a personas mayores y las mujeres lo sufren más que los hombres en todas las franjas de edad: 29,49% frente a 15,38% entre 65 y 84 años (44,87%); 19,23% frente a 7,69% en el tramo de más de 85 años (26,92%); y 16,67% y 11,54% hasta los 64 años (28,21%).

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16 Días de Activismo #ONUMujeres (+1)

La denuncia como arma arrojadiza y el S.O.S. accesible en farmacias y supermercados

Denunciar o no denunciar, ¡he ahí la cuestión! Uno de los mecanismos a disposición de las mujeres frente a sus agresores es un arma de doble filo. Y, lamentablemente, uno de los territorios en los que más ha calado la propaganda machista.

Por una parte, se alimenta el bulo de que las denuncias falsas suponen un porcentaje significativo del total de las denuncias por violencias, pese a que la evidencia constata un año tras otro que no suponen ni siquiera el 1%.

De acuerdo con los datos de la Fiscalía General del Estado, han supuesto un 0,0069% en el periodo 2009-2019. En términos absolutos, el número de condenas por denuncia falsa en casos de violencia de género de una década completa ascendió a 118.

La cifra es evidentemente ridícula, máxime cuando la comparamos con el número de denuncias presentadas solo durante el último año contabilizado, 2019, que ascendió a 168.057, según datos del Poder Judicial.

La mentira se sustenta sobre una confusión intencionada y elude cualquier análisis con perspectiva de género. La letrada Maribel Martínez Pérez afirma en el Blog de Igualdad y Violencia de Género del Consejo General de la Abogacía Española, en alusión a la irresponsabilidad de algunos medios de comunicación, que “estas informaciones establecen un paralelismo entre archivo o sobreseimiento de denuncia y denuncia falsa, demostrando un absoluto desconocimiento tanto del funcionamiento judicial, como del ciclo de la violencia”.

Respecto al funcionamiento judicial se podría hablar largo y tendido. Para empezar, no todas las denuncias pasan por los juzgados especializados en violencia contra la mujer, en los que sí se aplica la perspectiva de género y que emitieron un 88% de sentencias condenatorias en 2019, frente al escueto 57,84% de condenas de los juzgados de lo penal en el mismo año. Este modesto porcentaje es histórico para el Poder Judicial, habida cuenta del sesgo machista que todavía empapa el sistema de justicia.

Además, archivo y sobreseimiento parten a menudo de las mujeres, que abandonan el caso por miedo, dependencia económica y dependencia emocional. Todos estos motivos forman parte del abecé del maltrato, pero los negacionistas los utilizan como arma arrojadiza para culpar a las víctimas de su destino por no denunciar a sus agresores. Si no denuncias, no te quejes, vienen a decir. Ahora bien, si denuncias, estás mintiendo. Es el círculo vicioso de la maquinaria propagandística del machismo.

Las mentiras también obvian que muchas mujeres no denuncian porque no pueden, porque están sometidas, vigiladas, encerradas y, sobre todo, no perciben que vayan a recibir el apoyo necesario para iniciar una nueva vida partiendo de cero.

Mascarilla 19 y otros recursos

Precisamente, nuestro quinto día de activismo girará en torno a la necesidad de ofrecer a las mujeres todo lo necesario para ese nuevo comienzo. Hoy, sin embargo, nos centraremos en la idea de que denunciar no debe ser un requisito para obtener ayuda pública.

El primer fin de semana completo del confinamiento, 21 y 22 de marzo de 2020, el Instituto Canario de Igualdad y los colegios oficiales de farmacéuticos de las islas pusieron en marcha Mascarilla 19. Su objetivo: proteger a las mujeres y a sus hijas e hijos de las consecuencias de estar encerrados en casa con su agresor.

Cuando una mujer pronuncia este santo y seña, el personal de la farmacia se pone inmediatamente en contacto con el 112 y especifica que se trata de una llamada por violencia de género, desencadenando un protocolo de respuesta.

A las pocas semanas, la experiencia no solo se extendió como la pólvora por toda España, sino que llamó la atención de países como Finlandia, Francia, Argentina y Chile, entre otros.

El 6 de abril, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, hizo un llamamiento, La lucha contra la violencia de género, parte vital de la respuesta de los países frente al COVID-19, en el que instaba a los gobiernos del mundo a establecer un sistema de alertas en farmacias y supermercados.

Estos establecimientos permanecieron abiertos durante el confinamiento, pero se han integrado en las propuestas generales de ONU Mujeres a posteriori porque garantizan la accesibilidad de la solicitud de ayuda por su capilaridad y, desde el retorcido punto de vista del agresor, porque son lugares a los que sí permiten ir solas a su víctimas.

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16 Días de Activismo #ONUMujeres (+1)

La vida después: la importancia de garantizar seguridad y bienestar

¿Cómo será la vida después? Es probable que esta pregunta martillee el cerebro de las mujeres cuando dan el paso de romper con su agresor. ¿Seré capaz, me dejará vivir?, pensarán.

La estrategia de la violencia es progresiva, pone el foco en la destrucción de la autoestima de las mujeres, promueve la dependencia, tanto emocional como económica, y se construye sobre el miedo y el control, por lo que dejarla atrás no es sencillo.

Además, antes de dar el paso de víctima a superviviente, las mujeres deben hacer frente a la incomprensión de una parte significativa de la sociedad, jaleada por partidos políticos negacionistas y medios de comunicación afines o ‘consentidores’.

Por si fuera poco, deben transitar por un sistema de justicia que todavía no ha sabido incorporar la perspectiva de género y que incluso permite que misóginos machistas como el trístemente famoso magistrado del voto particular de La Manada puedan juzgar casos de violencia contra las mujeres.

Por último, romper la relación, aunque fundamental para que las mujeres recuperen su vida y sus derechos, también es un factor de riesgo. De hecho, el momento de la ruptura, especialmente si hay una denuncia de por medio, es crítico, tal y como explicó Victoria Rosell a RTVE el pasado 23 de noviembre.

Siete de los 41 asesinatos considerados de violencia de género en lo que va de año fueron perpetrados por la expareja de la víctima, frente a los 34 cometidos por su pareja.

Un tibio apoyo institucional  

El pasado miércoles, Victoria Rosell, delegada del Gobierno para la Violencia de Género, publicó el siguiente post en su cuenta de Twitter:

“Hoy es ‪#25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Con la mirada puesta en los derechos de todas las víctimas y las obligaciones del conjunto del Estado, y en los pactos políticos y feministas que no podemos permitirnos romper. #NosQueremosVivas”.

En declaraciones realizadas a distintos medios de comunicación, explicó que las mujeres que dan el paso de separarse de sus agresores deben tener garantizada una alternativa habitacional, el acceso preferente al Ingreso Mínimo Vital y la escolarización inmediata de sus hijas e hijos en sus nuevos centros educativos.

Además, el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica, conocido como Convenio de Estambul, exige garantizar asistencia médica y apoyo psicológico a las mujeres y a los menores a su cargo, si los hubiera.

Tras dos legislaturas perdidas, en las que los gobiernos del Partido Popular no modificaron la legislación española para adaptarla a la primera normativa vinculante de la UE en materia de violencias contra las mujeres, la futura Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual prevé, entre otros aspectos la creación de un fondo específico para apoyar a las supervivientes.

Paralelamente, la campaña #16DíasdeActivismo recomienda a los distintos agentes sociales que incentiven y practiquen la contratación de las mujeres que han sobrevivido a la violencia machista, además de dotar de fondos a las asociaciones que las apoyan, para las que pide el reconocimiento social que merecen.

A la espera de que la situación mejore con la aplicación del Convenio de Estambul, en la actualidad la atención que reciben las supervivientes es desigual, lenta, tibia, descoordinada y, como hemos visto, ni siquiera garantiza el respaldo de la justicia.

16 Días de Activismo #ONUMujeres (+1)

Los menores también son víctimas de la violencia contra las mujeres

Los menores también son víctimas, muchas veces vicarias, de la violencia contra las mujeres y el agresor debe perder los derechos de guarda y custodia, pero también se le debe negar cualquier régimen de visitas cuando exista una condena.

Sin embargo, esta afirmación tan obvia no está debidamente recogida en la legislación española. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, modificada por la disposición final 3.3 de la Ley Orgánica 8/2015, en sus artículos 65 y 66, concede al juez la potestad de la patria potestad y la custodia, y del derecho a un régimen de visitas, respectivamente.

El libre arbitrio judicial, aunque las asociaciones profesionales del sector, especialmente las más conservadoras, insistan en lo contrario, no ha funcionado debidamente. Según las asociaciones de mujeres, el problema radica en un simple verbo: si la ley hubiese dicho ‘tendrá que’, en lugar de ‘podrá’, otro gallo hubiese cantado para tantas niñas y tantos niños.

No es un buen padre, pero sí un peligro

El pasado 18 de diciembre de 2019, el Defensor del Pueblo presentó dos recomendaciones ante el Ministerio de Justicia. En la primera, instaba a instaurar la obligación de un pronunciamiento específico acerca de la suspensión cautelar o provisional del régimen de visitas para el inculpado por violencia de género.

En la segunda, de forma complementaria, recomendaba que la existencia de una medida de salida del domicilio, alejamiento o suspensión de las comunicaciones respecto de una mujer víctima de violencia de género haya de ser trasladada de modo inmediato al juzgado responsable del procedimiento de separación o divorcio.

Las recomendaciones llegaban tarde para Itziar Prats y sus hijas, Nerea y Martina. Su padre las asesinó el 25 de septiembre de 2018 porque el juzgado no aplicó las medidas de protección solicitadas por una madre que, desgraciadamente, estaba en lo cierto.

Además, nadie preguntó a las niñas qué querían ni qué pasaba. Este particular, al menos, está recogido en el Proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que el Gobierno remitió a las Cortes Generales el 9 de junio de 2020. A partir de su aprobación, los menores tendrán derecho a expresarse en todos los expedientes de su interés.

Sin embargo, aquel texto no dejó conformes a las asociaciones de mujeres, ni al Defensor del Pueblo, ni a otros portavoces sociales, ya que no incorporaba la perspectiva de género. Además, no hacía explícita la obligación de actuar frente al peligro que puede suponer un agresor machista también para sus hijas y sus hijos, muchas veces solo por hacer daño a la mujer que les ha abandonado.

Recogiendo el capote, el Ministerio de Justicia se comprometió públicamente a recoger las críticas para que el texto deje menos lugar a la interpretación judicial. A la espera de que el compromiso se plasme en el texto definitivo, son muchas las voces que insisten en que leyes como estas no deben utilizar el verbo poder, no deben dejar ninguna puerta abierta al machismo y las violencias.

16 Días de Activismo #ONUMujeres (+1)

Yo sí te creo: no más culpa para las víctimas de violencia sexual

El caso de La Manada marcó un antes y un después en España. Buena parte de la sociedad española vivió la sentencia 000038/2018, de la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, como una agresión. El resultado del juicio fue un escándalo y el voto particular del magistrado Ricardo Javier González González, que arrastra numerosas faltas graves y muy graves en el cumplimiento de su deber, solo se puede considerar un espanto inaceptable.

Conviene volver a expresar una idea, a la que hemos recurrido en otro punto de este artículo: a las mujeres españolas todavía se nos obliga a transitar por un sistema de justicia que no ha sabido incorporar la perspectiva de género y que permite que misóginos machistas como el tristemente famoso magistrado del voto particular puedan juzgar casos tan sensibles y graves como el de La Manada.

Tan horrorizada se quedó la gente entonces, que sintió que había llegado el momento de alinearse públicamente con el feminismo. Cientos de miles de personas salieron inmediatamente a las calles al grito de «Yo sí te creo» aquel 26 de abril de 2018. Muchas de ellas, a las que meses después se unirían cientos de miles más, se quedaron en la calle y celebraron un 8M histórico en 2019, esta vez ya debidamente reflejado en los medios de comunicación, que tanto habían ninguneado las manifestaciones de 2018.

La sentencia fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra en diciembre de 2018, pero el Ministerio Fiscal y la acusación particular acudieron a la última instancia judicial. Finalmente, el Tribunal Supremo dio a conocer su decisión el 21 de junio de 2019, publicándola íntegramente el 5 de julio del mismo año, en la que concluyó que no había habido abuso, sino agresión con intimidación y pleno conocimiento.

Esta sentencia resultó ser algo más acorde con los hechos y, por tanto, más justa. Sin embargo, el fallo de la Audiencia Provincial de Navarra escondía un segundo problema: había considerado la agresión como delito continuado, en lugar de reconocer cada una de las veces que violaron a la víctima como delito, lo que podría haber supuesto condenas por 10 delitos de violación para cada acusado.

Al no haber impugnado esta consideración ninguna de las partes al inicio del litigio, el Supremo se vio obligado a limitar su sentencia contra cada uno de los cinco violadores de La Manada a 15 años de cárcel por un único delito de violación continuada. En otras palabras, pudo elevar sustancialmente los 9 años de cárcel que habían recibido inicialmente por un delito de abuso, pero el castigo fue mucho más benévolo de lo que pudo haber sido.

 

Agresión y consentimiento  

La sentencia inicial de La Manada puso de manifiesto dos sesgos de género de la administración de justicia, ambos claramente ofensivos y lesivos para las mujeres: por una parte, la doble victimización, causada cuando no se cree a las mujeres que denuncian una agresión sexual, que deben demostrar su inocencia aunque no sean ellas las acusadas; por otra, que la distinción entre abuso y agresión, basada  en el consentimiento, perjudica a las mujeres, al menos en el contexto de una interpretación machista de las leyes como la actual. Una vez más, condicionar el resultado de un litigio al buen arbitrio de la sala no es aconsejable cuando se juzgan delitos penales de tanta gravedad.

Cabe resaltar que el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica, conocido como Convenio de Estambul, expresa en su letra todas las consideraciones anteriores, que trata de recoger la futura Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, de la que se acaba de presentar un segundo borrador.

Se elimina la distinción entre abuso y agresión, equiparando también las condenas a 15 años de cárcel, y se elimina la trampa del NO como exigencia para que se interprete inequívocamente que no ha habido consentimiento. A partir de su aprobación, SOLO SÍ ES SÍ. De este modo, a la espera de que comprobemos cómo reaccionan los sectores más recalcitrantes de la abogacía y la judicatura, las sentencias no podrán caminar entre dos aguas: cuando hubo delito, hubo agresión. Cuando hubo delito, el acusado es un violador. Y punto.

16 Días de Activismo #ONUMujeres (+1)

La prostitución y la trata de personas son primas carnales

Junto a la discusión entre género y sexo, en relación a la Teoría Queer, la prostitución es tal vez el tema más controvertido en el seno del feminismo. Además, son muchas las organizaciones civiles a lo largo y ancho del mundo que reprochan a ONU Mujeres su neutralidad expresa en cuanto a si debe o no ser legalizada.

Las palabras importan, y mucho, en este desacuerdo. La directora ejecutiva de esta organización de Naciones Unidas, Phumzile Mlambo-Ngcuka, utiliza indistintamente los sustantivos prostitución y trabajo sexual, pero no son lo mismo. Tampoco es igual decir prostituta que decir mujer prostituida. En este caso, la utilización del sujeto pasivo enfatiza una intencionalidad, como sucede, salvando las distancias, con «la España vaciada».

«Rechazamos enfáticamente el término ‘trabajo sexual’, un eufemismo para la prostitución. La prostitución no es ni ‘sexo’ ni ‘trabajo’, pero sí una de las formas más atroces de violencia masculina y violencia sexual, una invasión corporal y una barrera para la igualdad. Reclamamos leyes que descriminalicen a las mujeres prostituidas (…), al tiempo que hacen responsables a sus perpetradores, incluidos compradores y explotadores sexuales, del daño que causan».

Las líneas anteriores son parte de una carta de un total de 1.400 representantes de organizaciones civiles de todo el mundo, entre ellas muchas españolas, dirigida a la directora ejecutiva de ONU Mujeres el 17 de octubre de 2019, publicada en su día por Pass Blue, un medio de comunicación específicamente consagrado a garantizar una cobertura independiente de todas las actividades de Naciones Unidas.

Precisamente, en un reportaje que publica al hilo de esta controversia el citado medio, la veterana periodista Barbara Crossette afirma: «Parece improbable que aquellas que están atrapadas en los burdeles de los barrios bajos de Mumbai o en ciudades del mundo desarrollado (alrededor de 400.000 mujeres solo en Alemania, provenientes de África, Europa del Este y otros lugares) se llamen a sí mismas trabajadoras sexuales».

 

70% mujeres / 77% explotadas sexualmente

El pasado 7 de agosto, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, hizo público el informe Trata de Mujeres y Niñas. Reproducimos aquí el punto número 2 de su introducción, en el que queda dicha gran parte de nuestra postura respecto a la prostitución y se refleja en pocas líneas la crudeza de este sucio negocio, radicalmente contrario a los derechos y la dignidad humanas.

Pese a esos compromisos, los avances realizados en la eliminación de la trata de mujeres y niñas siguen produciéndose con una lentitud inaceptable. Entre 2017 y 2018 se detectó un total de 74.514 víctimas de la trata en más de 110 países. Alrededor del 70% de las víctimas que se detectan son mujeres, principalmente adultas, pero cada vez más niñas. Alrededor del 77% de las mujeres detectadas son víctimas de la trata con fines de explotación sexual, el 14% para el trabajo forzoso y el resto para otras formas de explotación. Las mujeres también continúan siendo objeto de trata con fines de matrimonio simulado, forzado y servil, matrimonio infantil, servidumbre doméstica y embarazo forzado. La Organización Internacional del Trabajo estima que, en todo el mundo, 28,7 millones de mujeres y niñas (el 71% de las víctimas) fueron sometidas a trabajo forzoso, servidumbre por deudas, matrimonio forzoso, esclavitud y prácticas análogas a la esclavitud y trata en 2016. La mayoría de los tratantes siguen siendo hombres.

POR DOUBLEDOSE / 25 de noviembre de 2020

25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia Machista

El Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las mujeres 2020 está marcado por la pandemia de Covid-19. En un mundo confinado, las mujeres y las niñas que ya sufrían agresiones machistas –que sumaban 243 millones ya antes de la pandemia, según ONU Mujeres– se han encontrado encerradas con sus torturadores e indefensas, sin un respiro.

Consciente de ello, y ante el aumento de las llamadas a los teléfonos de atención destinados a prestarles apoyo a lo largo y ancho del mundo, así como de un descenso de las denuncias ante la justicia, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, realizó un llamamiento el pasado 24 de junio y propuso una serie de medidas básicas para hacer frente a esta pandemia dentro de la pandemia.

146 estados miembros u observadores suscribieron la declaración de la ONU, centrada en seis medidas básicas:

1. financiar con urgencia y con la burocracia estrictamente necesaria a las organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres

2. garantizar el acceso inmediato de las supervivientes a los servicios sanitarios y sociales específicos

3. garantizar que estos servicios se consideren esenciales y permanezcan siempre abiertos para no dejar a nadie atrás

4. dar prioridad a la respuesta policial y judicial

5. aplicar medidas de prevención y educación en igualdad

6. recopilar solamente los datos de las supervivientes estrictamente necesarios para mejorar el apoyo que se les presta, siempre respetando sus derechos

Ante el agravamiento de una realidad ya de por sí crítica, las mujeres que hacemos posible DOUBLEDOSE nos sumamos a la militancia que exige el 25 de noviembre, así como a la campaña 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, que este año discurre bajo el lema Pinta el Mundo de Naranja: ¡Financiar, Responder, Prevenir, Recopilar!

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16 Días de Activismo #ONUMujeres (+1)

Violencia machista contra niñas y adolescentes

¡No solo ocurre lejos, está aquí!

La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres ha publicado recientemente el informe Vivencias, actitudes y percepciones sobre la violencia de género en adolescentes en la Comunidad de Madrid, Sus conclusiones, por otra parte algo descorazonadoras, se obtuvieron de las respuestas de 1.578 alumnas y alumnos de 3º y 4º de la ESO de 18 institutos de Educación Secundaria, con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años.

Hay un dato muy llamativo: el 69% de las chicas y el 70% de los chicos consideran que la violencia de género es aquella que ejerce un género sobre el otro, indistintamente. Solo el 27% de las chicas y el 24% de los chicos la identifican como la violencia que se ejerce específicamente sobre las mujeres por el mero hecho de serlo.

Coincidiendo también con el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, la iniciativa Contra el Maltrato. Tolerancia Cero, ha publicado el I Macroestudio Violencia de Género Tolerancia Cero, con 7.508 encuestados mayores de edad.

En este caso, llama la atención que sean los jóvenes de entre 18 y 34 años quienes menor percepción tienen de problema: el 28% considera que dificultar el acceso de las mujeres al trabajo o a los estudios no es violencia de género y en torno al 20% afirma que tampoco lo es controlar sus horarios, su móvil y sus redes sociales.

Sin embargo, los datos del Instituto Nacional de Estadística sobre Violencia Doméstica y Violencia de Género de 2019 señalan un aumento de la tasa de víctimas menores de 18 años del 6,2% respecto al año anterior. En total, 719 menores españolas denunciaron a sus agresores, por lo que el número real de víctimas se estima muy superior.

El informe Menores y Violencia de Género, de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y la Universidad Complutense de Madrid, entrevistó a cerca de 10.500 menores. Los datos son preocupantes: más del 16% de las adolescentes ha sufrido violencia psicológica y el 10,9% ha sido presionada en situaciones de tipo sexual por su pareja. Fuera de la pareja, el porcentaje de presiones sexuales se eleva al 13,6%, en algunos casos a muy corta edad: menos de seis años en el 2,9% de los casos y entre 13 y 15 años en el 68,8%, por citar solo algunas cifras.

Cifras globales

Estos datos alejan la percepción de que la violencia contra las niñas y las adolescentes es mas propia de otras culturas y latitudes. ONU Mujeres corrobora su triste y mundial carácter.

Por ejemplo, señala que, según datos de Unicef, 15 millones de niñas adolescentes de 15 a 19 años han experimentado relaciones sexuales forzadas en todo el mundo. En la inmensa mayoría de los países, las adolescentes son el grupo con mayor riesgo de verse forzadas a mantener relaciones sexuales (u otro tipo de actos sexuales) por parte de su esposo, pareja o novio actual o anterior. De acuerdo con los datos disponibles para 30 países, tan sólo un 1 por ciento de ellas ha pedido alguna vez ayuda profesional.

Además, recoge datos de la Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales, que señalan que, ya en 2014, una de cada diez mujeres afirmaba haber experimentado ciberacoso desde los 15 años de edad.

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Mujeres mayores:
décadas de violencia que se suman a la invisibilidad y el ‘edadismo’

Hace cerca de un año, en diciembre de 2019, se publicó el estudio Mujeres mayores de 65 años víctimas de la violencia de género, financiado por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y realizado por Cruz Roja España.

Cruz Roja gestiona el servicio de teleasistencia Atenpro, de titularidad pública. El estudio analizó encuestas realizadas a una muestra representativa de sus usuarias y sus conclusiones dibujan un panorama muy triste, en el que la edad y la dependencia actúan como factores de riesgo extremos.

Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, elDiario.es entrevistó a la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, jueza de profesión y comprometida con la aplicación de la perspectiva de género en las sentencias judiciales.

En ella, Rosell explica: Las personas mayores detectan menos violencia porque han sido educadas en el machismo y la desigualdad. Es verdad que tardan mucho en denunciar o que no se consideran víctimas de una violencia psicológica, sexual y económica Resulta evidente que sí sufren violencia económica, en esos maridos que consideran que no deben gastarse nada en sí mismas, que deben comprar solo para la casa (…). Son mujeres que fueron criadas con la concepción de que el sexo con su marido es un deber marital. Sufren violencia, la cuentan menos, la detectan menos y rompen la relación en mucha menor medida”.

Las principales conclusiones del estudio no dejan lugar a muchas dudas:

1. La larga trayectoria de violencia es una de las características definitorias de la violencia de género en las mujeres mayores de 65 años que participan en el estudio: el 40% ha sufrido violencia durante más de 40 años y el 27% ha estado sufriendo violencia a lo largo de entre 20 y 30 años.

2. Los diferentes tipos de violencia de género analizados (física, sexual, económica, psicológica) presentan porcentajes altos de prevalencia entre las mujeres entrevistadas.

3. Distintos acontecimientos vitales (matrimonio, embarazo, nacimiento de hijos o hijas, separación, jubilación, papel de la mujer como cuidadora del maltratador, papel del maltratador como cuidador de la mujer) actúan como catalizadores que potencian, aceleran y agravan la escalada de la violencia.

4. Casi la mitad de las mujeres entrevistadas (46%) consideran que el riesgo de sufrir una nueva agresión es alto o muy alto.

5. No existe una asociación clara de la violencia de género con cualquier perfil sociodemográfico o económico.

6. El 70% señala que sus hijos e hijas han presenciado algunas de las agresiones sufridas, y tres de cada diez indican que también fueron víctimas de agresiones, insultos, menosprecios e intimidaciones.

Las mujeres con más de 65 años experimentan la discriminación de género en mayor medida que las mujeres jóvenes, y la discriminación por edad en mayor medida que los hombres mayores. Esa doble discriminación está en la base de la invisibilidad de la violencia machista contra las mujeres mayores, cuya realidad es menos comprendida y cuyas necesidades son menos atendidas por su entorno y por los recursos públicos.

Además, la pandemia nos ha obligado a abrir los ojos a una de las vergüenzas más sangrantes de nuestra sociedad: el maltrato a las personas mayores, que también sufren en mayor medida las mujeres.

Según un estudio del Servicio Especializado de Atención a las Personas Mayores del Consejo Comarcal del Bajo Llobregat (Barcelona), las hijas, pero sobre todo los hijos, están directamente involucrados en el 36,36% de los casos de maltrato a personas mayores y las mujeres lo sufren más que los hombres en todas las franjas de edad: 29,49% frente a 15,38% entre 65 y 84 años (44,87%); 19,23% frente a 7,69% en el tramo de más de 85 años (26,92%); y 16,67% y 11,54% hasta los 64 años (28,21%).

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16 Días de Activismo #ONUMujeres (+1)

La denuncia como arma arrojadiza y el S.O.S. accesible en farmacias y supermercados

Denunciar o no denunciar, ¡he ahí la cuestión! Uno de los mecanismos a disposición de las mujeres frente a sus agresores es un arma de doble filo. Y, lamentablemente, uno de los territorios en los que más ha calado la propaganda machista.

Por una parte, se alimenta el bulo de que las denuncias falsas suponen un porcentaje significativo del total de las denuncias por violencias, pese a que la evidencia constata un año tras otro que no suponen ni siquiera el 1%.

De acuerdo con los datos de la Fiscalía General del Estado, han supuesto un 0,0069% en el periodo 2009-2019. En términos absolutos, el número de condenas por denuncia falsa en casos de violencia de género de una década completa ascendió a 118.

La cifra es evidentemente ridícula, máxime cuando la comparamos con el número de denuncias presentadas solo durante el último año contabilizado, 2019, que ascendió a 168.057, según datos del Poder Judicial.

La mentira se sustenta sobre una confusión intencionada y elude cualquier análisis con perspectiva de género. La letrada Maribel Martínez Pérez afirma en el Blog de Igualdad y Violencia de Género del Consejo General de la Abogacía Española, en alusión a la irresponsabilidad de algunos medios de comunicación, que “estas informaciones establecen un paralelismo entre archivo o sobreseimiento de denuncia y denuncia falsa, demostrando un absoluto desconocimiento tanto del funcionamiento judicial, como del ciclo de la violencia”.

Respecto al funcionamiento judicial se podría hablar largo y tendido. Para empezar, no todas las denuncias pasan por los juzgados especializados en violencia contra la mujer, en los que sí se aplica la perspectiva de género y que emitieron un 88% de sentencias condenatorias en 2019, frente al escueto 57,84% de condenas de los juzgados de lo penal en el mismo año. Este modesto porcentaje es histórico para el Poder Judicial, habida cuenta del sesgo machista que todavía empapa el sistema de justicia.

Además, archivo y sobreseimiento parten a menudo de las mujeres, que abandonan el caso por miedo, dependencia económica y dependencia emocional. Todos estos motivos forman parte del abecé del maltrato, pero los negacionistas los utilizan como arma arrojadiza para culpar a las víctimas de su destino por no denunciar a sus agresores. Si no denuncias, no te quejes, vienen a decir. Ahora bien, si denuncias, estás mintiendo. Es el círculo vicioso de la maquinaria propagandística del machismo.

Las mentiras también obvian que muchas mujeres no denuncian porque no pueden, porque están sometidas, vigiladas, encerradas y, sobre todo, no perciben que vayan a recibir el apoyo necesario para iniciar una nueva vida partiendo de cero.

Mascarilla 19 y otros recursos

Nuestro quinto día de activismo girará en torno a la necesidad de ofrecer a las mujeres todo lo necesario para ese nuevo comienzo. Hoy, sin embargo, nos centraremos en la idea de que denunciar no debe ser un requisito para obtener ayuda.

El primer fin de semana completo del confinamiento, 21 y 22 de marzo de 2020, el Instituto Canario de Igualdad y los colegios oficiales de farmacéuticos de las islas pusieron Mascarilla 19. Su objetivo: proteger a las mujeres y a sus hijas e hijos de las consecuencias de estar encerrados en casa con su agresor.

Cuando una mujer pronuncia este santo y seña, el personal de la farmacia se pone inmediatamente en contacto con el 112 y especifica que se trata de una llamada por violencia de género, desencadenando un protocolo de respuesta.

A las pocas semanas, la experiencia no solo se extendió como la pólvora por toda España, sino que llamó la atención de países como Finlandia, Francia, Argentina y Chile, entre otros.

El 6 de abril, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, hizo un llamamiento, La lucha contra la violencia de género, parte vital de la respuesta de los países frente al COVID-19, en el que insta a los gobiernos a establecer un sistema de alertas en farmacias y supermercados.

Estos establecimientos permanecieron abiertos durante el confinamiento, pero se han integrado en las propuestas de ONU Mujeres porque garantizan la accesibilidad de la solicitud de ayuda por su capilaridad y, desde el retorcido punto de vista del agresor, porque son lugares a los que sí permiten ir solas a su víctimas.

Denunciar o no denunciar, ¡he ahí la cuestión! Uno de los mecanismos a disposición de las mujeres frente a sus agresores es un arma de doble filo. Y, lamentablemente, uno de los territorios en los que más ha calado la propaganda machista.

Por una parte, se alimenta el bulo de que las denuncias falsas suponen un porcentaje significativo del total de las denuncias por violencias, pese a que la evidencia constata un año tras otro que no suponen ni siquiera el 1%.

De acuerdo con los datos de la Fiscalía General del Estado, han supuesto un 0,0069% en el periodo 2009-2019. En términos absolutos, el número de condenas por denuncia falsa en casos de violencia de género de una década completa ascendió a 118.

La cifra es evidentemente ridícula, máxime cuando la comparamos con el número de denuncias presentadas solo durante el último año contabilizado, 2019, que ascendió a 168.057, según datos del Poder Judicial.

La mentira se sustenta sobre una confusión intencionada y elude cualquier análisis con perspectiva de género. La letrada Maribel Martínez Pérez afirma en el Blog de Igualdad y Violencia de Género del Consejo General de la Abogacía Española, en alusión a la irresponsabilidad de algunos medios de comunicación, que “estas informaciones establecen un paralelismo entre archivo o sobreseimiento de denuncia y denuncia falsa, demostrando un absoluto desconocimiento tanto del funcionamiento judicial, como del ciclo de la violencia”.

Respecto al funcionamiento judicial se podría hablar largo y tendido. Para empezar, no todas las denuncias pasan por los juzgados especializados en violencia contra la mujer, en los que sí se aplica la perspectiva de género y que emitieron un 88% de sentencias condenatorias en 2019, frente al escueto 57,84% de condenas de los juzgados de lo penal en el mismo año. Este modesto porcentaje es histórico para el Poder Judicial, habida cuenta del sesgo machista que todavía empapa el sistema de justicia.

Además, archivo y sobreseimiento parten a menudo de las mujeres, que abandonan el caso por miedo, dependencia económica y dependencia emocional. Todos estos motivos forman parte del abecé del maltrato, pero los negacionistas los utilizan como arma arrojadiza para culpar a las víctimas de su destino por no denunciar a sus agresores. Si no denuncias, no te quejes, vienen a decir. Ahora bien, si denuncias, estás mintiendo. Es el círculo vicioso de la maquinaria propagandística del machismo.

Las mentiras también obvian que muchas mujeres no denuncian porque no pueden, porque están sometidas, vigiladas, encerradas y, sobre todo, no perciben que vayan a recibir el apoyo necesario para iniciar una nueva vida partiendo de cero.

Mascarilla 19 y otros recursos

Precisamente, nuestro quinto día de activismo girará en torno a la necesidad de ofrecer a las mujeres todo lo necesario para ese nuevo comienzo. Hoy, sin embargo, nos centraremos en la idea de que denunciar no debe ser un requisito para obtener ayuda pública.

El primer fin de semana completo del confinamiento, 21 y 22 de marzo de 2020, el Instituto Canario de Igualdad y los colegios oficiales de farmacéuticos de las islas pusieron en marcha Mascarilla 19. Su objetivo: proteger a las mujeres y a sus hijas e hijos de las consecuencias de estar encerrados en casa con su agresor.

Cuando una mujer pronuncia este santo y seña, el personal de la farmacia se pone inmediatamente en contacto con el 112 y especifica que se trata de una llamada por violencia de género, desencadenando un protocolo de respuesta.

A las pocas semanas, la experiencia no solo se extendió como la pólvora por toda España, sino que llamó la atención de países como Finlandia, Francia, Argentina y Chile, entre otros.

El 6 de abril, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, hizo un llamamiento, La lucha contra la violencia de género, parte vital de la respuesta de los países frente al COVID-19, en el que instaba a los gobiernos del mundo a establecer un sistema de alertas en farmacias y supermercados.

Estos establecimientos permanecieron abiertos durante el confinamiento, pero se han integrado en las propuestas generales de ONU Mujeres a posteriori porque garantizan la accesibilidad de la solicitud de ayuda por su capilaridad y, desde el retorcido punto de vista del agresor, porque son lugares a los que sí permiten ir solas a su víctimas.

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16 Días de Activismo #ONUMujeres (+1)

La vida después: la importancia de garantizar seguridad y bienestar

¿Cómo será la vida después? Es probable que esta pregunta martillee el cerebro de las mujeres cuando dan el paso de romper con su agresor. ¿Seré capaz, me dejará vivir?, pensarán.

La estrategia de la violencia es progresiva, pone el foco en la destrucción de la autoestima de las mujeres, promueve la dependencia, tanto emocional como económica, y se construye sobre el miedo y el control, por lo que dejarla atrás no es sencillo.

Además, antes de dar el paso de víctima a superviviente, las mujeres deben hacer frente a la incomprensión de una parte significativa de la sociedad, jaleada por partidos políticos negacionistas y medios de comunicación afines o ‘consentidores’.

Por si fuera poco, deben transitar por un sistema de justicia que todavía no ha sabido incorporar la perspectiva de género y que incluso permite que misóginos machistas como el trístemente famoso magistrado del voto particular de La Manada puedan juzgar casos de violencia contra las mujeres.

Por último, romper la relación, aunque fundamental para que las mujeres recuperen su vida y sus derechos, también es un factor de riesgo. De hecho, el momento de la ruptura, especialmente si hay una denuncia de por medio, es crítico, tal y como explicó Victoria Rosell a RTVE el pasado 23 de noviembre.

Siete de los 41 asesinatos considerados de violencia de género en lo que va de año fueron perpetrados por la expareja de la víctima, frente a los 34 cometidos por su pareja.

Un tibio apoyo institucional  

El pasado miércoles, Victoria Rosell, delegada del Gobierno para la Violencia de Género, publicó el siguiente post en su cuenta de Twitter:

“Hoy es ‪#25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Con la mirada puesta en los derechos de todas las víctimas y las obligaciones del conjunto del Estado, y en los pactos políticos y feministas que no podemos permitirnos romper. #NosQueremosVivas”.

En declaraciones realizadas a distintos medios de comunicación, explicó que las mujeres que dan el paso de separarse de sus agresores deben tener garantizada una alternativa habitacional, el acceso preferente al Ingreso Mínimo Vital y la escolarización inmediata de sus hijas e hijos en sus nuevos centros educativos.

Además, el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica, conocido como Convenio de Estambul, exige garantizar asistencia médica y apoyo psicológico a las mujeres y a los menores a su cargo, si los hubiera.

Tras dos legislaturas perdidas, en las que los gobiernos del Partido Popular no modificaron la legislación española para adaptarla a la primera normativa vinculante de la UE en materia de violencias contra las mujeres, la futura Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual prevé, entre otros aspectos la creación de un fondo específico para apoyar a las supervivientes.

Paralelamente, la campaña #16DíasdeActivismo recomienda a los distintos agentes sociales que incentiven y practiquen la contratación de las mujeres que han sobrevivido a la violencia machista, además de dotar de fondos a las asociaciones que las apoyan, para las que pide el reconocimiento social que merecen.

A la espera de que la situación mejore con la aplicación del Convenio de Estambul, en la actualidad la atención que reciben las supervivientes es desigual, lenta, tibia, descoordinada y, como hemos visto, ni siquiera garantiza el respaldo de la justicia.

16 Días de Activismo #ONUMujeres (+1)

Los menores también son víctimas de la violencia contra las mujeres

Los menores también son víctimas, muchas veces vicarias, de la violencia contra las mujeres y el agresor debe perder los derechos de guarda y custodia, pero también se le debe negar cualquier régimen de visitas cuando exista una condena.

Sin embargo, esta afirmación tan obvia no está debidamente recogida en la legislación española. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, modificada por la disposición final 3.3 de la Ley Orgánica 8/2015, en sus artículos 65 y 66, concede al juez la potestad de la patria potestad y la custodia, y del derecho a un régimen de visitas, respectivamente.

El libre arbitrio judicial, aunque las asociaciones profesionales del sector, especialmente las más conservadoras, insistan en lo contrario, no ha funcionado debidamente. Según las asociaciones de mujeres, el problema radica en un simple verbo: si la ley hubiese dicho ‘tendrá que’, en lugar de ‘podrá’, otro gallo hubiese cantado para tantas niñas y tantos niños.

No es un buen padre, pero sí un peligro

El pasado 18 de diciembre de 2019, el Defensor del Pueblo presentó dos recomendaciones ante el Ministerio de Justicia. En la primera, instaba a instaurar la obligación de un pronunciamiento específico acerca de la suspensión cautelar o provisional del régimen de visitas para el inculpado por violencia de género.

En la segunda, de forma complementaria, recomendaba que la existencia de una medida de salida del domicilio, alejamiento o suspensión de las comunicaciones respecto de una mujer víctima de violencia de género haya de ser trasladada de modo inmediato al juzgado responsable del procedimiento de separación o divorcio.

Las recomendaciones llegaban tarde para Itziar Prats y sus hijas, Nerea y Martina. Su padre las asesinó el 25 de septiembre de 2018 porque el juzgado no aplicó las medidas de protección solicitadas por una madre que, desgraciadamente, estaba en lo cierto.

Además, nadie preguntó a las niñas qué querían ni qué pasaba. Este particular, al menos, está recogido en el Proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que el Gobierno remitió a las Cortes Generales el 9 de junio de 2020. A partir de su aprobación, los menores tendrán derecho a expresarse en todos los expedientes de su interés.

Sin embargo, aquel texto no dejó conformes a las asociaciones de mujeres, ni al Defensor del Pueblo, ni a otros portavoces sociales, ya que no incorporaba la perspectiva de género. Además, no hacía explícita la obligación de actuar frente al peligro que puede suponer un agresor machista también para sus hijas y sus hijos, muchas veces solo por hacer daño a la mujer que les ha abandonado.

Recogiendo el capote, el Ministerio de Justicia se comprometió públicamente a recoger las críticas para que el texto deje menos lugar a la interpretación judicial. A la espera de que el compromiso se plasme en el texto definitivo, son muchas las voces que insisten en que leyes como estas no deben utilizar el verbo poder, no deben dejar ninguna puerta abierta al machismo y las violencias.

16 Días de Activismo #ONUMujeres (+1)

Yo sí te creo: no más culpa para las víctimas de violencia sexual

El caso de La Manada marcó un antes y un después en España. Buena parte de la sociedad española vivió la sentencia 000038/2018, de la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, como una agresión. El resultado del juicio fue un escándalo y el voto particular del magistrado Ricardo Javier González González, que arrastra numerosas faltas graves y muy graves en el cumplimiento de su deber, solo se puede considerar un espanto inaceptable.

Conviene volver a expresar una idea, a la que hemos recurrido en otro punto de este artículo: a las mujeres españolas todavía se nos obliga a transitar por un sistema de justicia que no ha sabido incorporar la perspectiva de género y que permite que misóginos machistas como el tristemente famoso magistrado del voto particular puedan juzgar casos tan sensibles y graves como el de La Manada.

Tan horrorizada se quedó la gente entonces, que sintió que había llegado el momento de alinearse públicamente con el feminismo. Cientos de miles de personas salieron inmediatamente a las calles al grito de «Yo sí te creo» aquel 26 de abril de 2018. Muchas de ellas, a las que meses después se unirían cientos de miles más, se quedaron en la calle y celebraron un 8M histórico en 2019, esta vez ya debidamente reflejado en los medios de comunicación, que tanto habían ninguneado las manifestaciones de 2018.

La sentencia fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra en diciembre de 2018, pero el Ministerio Fiscal y la acusación particular acudieron a la última instancia judicial. Finalmente, el Tribunal Supremo dio a conocer su decisión el 21 de junio de 2019, publicándola íntegramente el 5 de julio del mismo año, en la que concluyó que no había habido abuso, sino agresión con intimidación y pleno conocimiento.

Esta sentencia resultó ser algo más acorde con los hechos y, por tanto, más justa. Sin embargo, el fallo de la Audiencia Provincial de Navarra escondía un segundo problema: había considerado la agresión como delito continuado, en lugar de reconocer cada una de las veces que violaron a la víctima como delito, lo que podría haber supuesto condenas por 10 delitos de violación para cada acusado.

Al no haber impugnado esta consideración ninguna de las partes al inicio del litigio, el Supremo se vio obligado a limitar su sentencia contra cada uno de los cinco violadores de La Manada a 15 años de cárcel por un único delito de violación continuada. En otras palabras, pudo elevar sustancialmente los 9 años de cárcel que habían recibido inicialmente por un delito de abuso, pero el castigo fue mucho más benévolo de lo que pudo haber sido.

 

Agresión y consentimiento  

La sentencia inicial de La Manada puso de manifiesto dos sesgos de género de la administración de justicia, ambos claramente ofensivos y lesivos para las mujeres: por una parte, la doble victimización, causada cuando no se cree a las mujeres que denuncian una agresión sexual, que deben demostrar su inocencia aunque no sean ellas las acusadas; por otra, que la distinción entre abuso y agresión, basada  en el consentimiento, perjudica a las mujeres, al menos en el contexto de una interpretación machista de las leyes como la actual. Una vez más, condicionar el resultado de un litigio al buen arbitrio de la sala no es aconsejable cuando se juzgan delitos penales de tanta gravedad.

Cabe resaltar que el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica, conocido como Convenio de Estambul, expresa en su letra todas las consideraciones anteriores, que trata de recoger la futura Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, de la que se acaba de presentar un segundo borrador.

Se elimina la distinción entre abuso y agresión, equiparando también las condenas a 15 años de cárcel, y se elimina la trampa del NO como exigencia para que se interprete inequívocamente que no ha habido consentimiento. A partir de su aprobación, SOLO SÍ ES SÍ. De este modo, a la espera de que comprobemos cómo reaccionan los sectores más recalcitrantes de la abogacía y la judicatura, las sentencias no podrán caminar entre dos aguas: cuando hubo delito, hubo agresión. Cuando hubo delito, el acusado es un violador. Y punto.

16 Días de Activismo #ONUMujeres (+1)

La prostitución y la trata de personas son primas carnales

Junto a la discusión entre género y sexo, en relación a la Teoría Queer, la prostitución es tal vez el tema más controvertido en el seno del feminismo. Además, son muchas las organizaciones civiles a lo largo y ancho del mundo que reprochan a ONU Mujeres su neutralidad expresa en cuanto a si debe o no ser legalizada.

Las palabras importan, y mucho, en este desacuerdo. La directora ejecutiva de esta organización de Naciones Unidas, Phumzile Mlambo-Ngcuka, utiliza indistintamente los sustantivos prostitución y trabajo sexual, pero no son lo mismo. Tampoco es igual decir prostituta que decir mujer prostituida. En este caso, la utilización del sujeto pasivo enfatiza una intencionalidad, como sucede, salvando las distancias, con «la España vaciada».

«Rechazamos enfáticamente el término ‘trabajo sexual’, un eufemismo para la prostitución. La prostitución no es ni ‘sexo’ ni ‘trabajo’, pero sí una de las formas más atroces de violencia masculina y violencia sexual, una invasión corporal y una barrera para la igualdad. Reclamamos leyes que descriminalicen a las mujeres prostituidas (…), al tiempo que hacen responsables a sus perpetradores, incluidos compradores y explotadores sexuales, del daño que causan».

Las líneas anteriores son parte de una carta de un total de 1.400 representantes de organizaciones civiles de todo el mundo, entre ellas muchas españolas, dirigida a la directora ejecutiva de ONU Mujeres el 17 de octubre de 2019, publicada en su día por Pass Blue, un medio de comunicación específicamente consagrado a garantizar una cobertura independiente de todas las actividades de Naciones Unidas.

Precisamente, en un reportaje que publica al hilo de esta controversia el citado medio, la veterana periodista Barbara Crossette afirma: «Parece improbable que aquellas que están atrapadas en los burdeles de los barrios bajos de Mumbai o en ciudades del mundo desarrollado (alrededor de 400.000 mujeres solo en Alemania, provenientes de África, Europa del Este y otros lugares) se llamen a sí mismas trabajadoras sexuales».

 

70% mujeres / 77% explotadas sexualmente

El pasado 7 de agosto, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, hizo público el informe Trata de Mujeres y Niñas. Reproducimos aquí el punto número 2 de su introducción, en el que queda dicha gran parte de nuestra postura respecto a la prostitución y se refleja en pocas líneas la crudeza de este sucio negocio, radicalmente contrario a los derechos y la dignidad humanas.

Pese a esos compromisos, los avances realizados en la eliminación de la trata de mujeres y niñas siguen produciéndose con una lentitud inaceptable. Entre 2017 y 2018 se detectó un total de 74.514 víctimas de la trata en más de 110 países. Alrededor del 70% de las víctimas que se detectan son mujeres, principalmente adultas, pero cada vez más niñas. Alrededor del 77% de las mujeres detectadas son víctimas de la trata con fines de explotación sexual, el 14% para el trabajo forzoso y el resto para otras formas de explotación. Las mujeres también continúan siendo objeto de trata con fines de matrimonio simulado, forzado y servil, matrimonio infantil, servidumbre doméstica y embarazo forzado. La Organización Internacional del Trabajo estima que, en todo el mundo, 28,7 millones de mujeres y niñas (el 71% de las víctimas) fueron sometidas a trabajo forzoso, servidumbre por deudas, matrimonio forzoso, esclavitud y prácticas análogas a la esclavitud y trata en 2016. La mayoría de los tratantes siguen siendo hombres.