Las personas mayores tienen derecho a recibir los mejores cuidados
HelpAge España ha presentado un informe que describe el sistema de cuidados actual –si es que se le puede llamar así– y lo tilda de insuficiente, tardío, a menudo irrespetuoso y en ocasiones, como hemos comprobado con horror a raíz de la presente crisis sanitaria, capaz de transitar por el espeluznante territorio del maltrato. Aunque quienes se ocupan de los cuidados reconocen que estamos ante un concepto complejo y en construcción, coinciden al destacar que la única ruta posible es que adopte un enfoque basado en los derechos humanos y que tenga la flexibilidad y la humanidad que hacen falta para incorporar las circunstancias, las características, las necesidades y las preferencias individuales.
HelpAge España ha presentado en Madrid el informe El derecho a los cuidados de las personas mayores, que inaugura la colección Los derechos humanos de las personas mayores en España: la igualdad y no discriminación por razón de edad. Esta nueva línea de análisis y divulgación tiene como objetivo mejorar el conocimiento de los problemas y las realidades de las personas mayores y promover su autonomía y su posición como participantes imprescindibles en la sociedad. Además, quiere sensibilizar a la ciudadanía y los grupos de decisión política sobre los abusos a los que se enfrentan.
Los cuidados no son una prebenda, ni un lujo, ni un regalo; son un derecho inalienable de todas las personas vulnerables, ya sea por edad –mayores y menores– o por cualquier otra circunstancia, temporal o permanente. Sin embargo, la crisis sanitaria desencadenada por la Covid-19 ha puesto de manifiesto, de forma dramática, que el sistema de cuidados de las personas mayores vigente en España, si es que realmente se le puede llamar así, no solo arrastra importantes carencias, sino que a menudo vulnera gravemente sus derechos y libertades.
La presentación del informe se celebró en el Ateneo de Madrid y contó con la presencia de representantes de diversas organizaciones no gubernamentales que trabajan por los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. Al comienzo del acto, Isabel Martínez Lozano, presidenta de HelpAge España, resaltó la relevancia del documento: “La pandemia ha puesto el tema de los cuidados por primera vez en la agenda social y política, por eso hemos pensado que era importante contribuir a este debate con nuestro propio análisis, nuestras propias propuestas y desde un enfoque basado en derechos”.
El texto, elaborado gracias a la colaboración con el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia (IDHUV), ofrece respuestas a los grandes desafíos a los que nuestra sociedad tendrá que hacer frente de forma inexcusable, ya que estamos inmersos en una era de ‘vidas expandidas’ y, lógicamente, la demanda de cuidados va a seguir creciendo. Además, tal y como afirmó Isabel Martínez Lozano durante su intervención, es necesario comprender que la la soledad no deseada, que sufren cada vez más personas mayores, supone una negación absoluta del derecho al cuidado y necesita respuestas.
La presentación también contó con la participación de Fernando Flores, director del IDHUV y miembro del patronato de HelpAge España, que explicó que el informe “pretende dar contenido al nuevo modelo de cuidados, que desde hace años exigen personas y organizaciones dedicadas a los derechos de las personas mayores. Hemos tratado de explicar qué es el cuidado y qué significa cuidar, además de plantear la necesidad de que los cuidados se consideren un derecho fundamental. Esta consideración todavía no es una realidad, aunque algunos derechos fundamentales ya formen parte del concepto legal de cuidado: el derecho a no discriminación, a la vivienda digna, a la salud y a la intimidad”.
Así pues, el documento evidencia la necesidad de regular el derecho a los cuidados para que dejen de estar a merced de decisiones políticas, se establezcan criterios claros y se garantice su cumplimiento, ya que en la actualidad se vulneran con alarmante frecuencia los derechos anteriormente citados. Por ejemplo, es habitual que las residencias obliguen a las personas mayores a compartir habitación, conculcando su derecho a la intimidad. Por tanto, es preciso establecer una regulación, clara y basada en derechos humanos. que vaya unida a la definición de estructuras, acciones y comportamientos, atribuibles tanto a los poderes públicos como a las entidades privadas, cuyo cumplimiento sea exigible ante los tribunales.
La situación actual dista mucho de ser idónea y a menudo infantiliza a las personas mayores y las coloca en una situación de indefensión e impotencia manifiestas. HelpAge también señala que en España persiste el ‘familiarismo’, ya que las administraciones públicas todavía trasladan el peso y la responsabilidad de los cuidados a las familias, una dejación de funciones que contribuye a perpetuar la brecha de género –9 de cada 10 personas cuidadoras son mujeres– y que deja a las personas mayores a merced de la cantidad y la calidad de los cuidados que sus familiares quieran o puedan ofrecerles.
Este carácter voluntario e informal, unido a la falta de compromiso público, no garantiza el cumplimiento de derechos, una constatación que, por sí misma, explica la urgencia de diseñar, regular y aplicar un nuevo sistema de cuidados centrado en las personas y respetuoso con todas las esferas de sus vidas. Además, este sistema debe gozar de una financiación adecuada. Tal y como se comentó durante el evento, “no hay liderazgo sin presupuesto”.
“¿Qué herramientas nos faltan como sociedad para que las residencias en las que se maltrató a las personas mayores en los primeros meses de la pandemia no estén sufriendo las consecuencias?”, se pregunta Fernando Flores, de HelpAge
En la presentación también se lamentó que sociedades como la nuestra hayan abandonado el valor ético de los cuidados, lo que se traduce en una evidente falta de iniciativa política, pero también en el cuestionable comportamiento de algunas familias con sus mayores. Los cuidados deben estar garantizados por las leyes, aplicados por las administraciones y respetados por la iniciativa privada, pero también exigen compromiso y corresponsabilidad a todas las partes implicadas, familias incluidas.
Dicho esto, el sistema actual no solo adolece de familiarismo, sino que es insuficiente –con algunas comunidades autónomas mejor posicionadas que otras–, está terriblemente burocratizado –no solo por la complejidad de los trámites y la tardanza en darles respuesta, sino también por la ausencia de una ventanilla única–, carece de previsión o visión a medio-largo plazo, consagra la institucionalización –en detrimento de la personalización–, muestra una clara falta de coordinación entre la atención social y la asistencia sanitaria, y ni tan siquiera garantiza el cumplimiento de las leyes.
De la impunidad a la percepción subjetiva de los cuidados
Solo así se podría explicar la casi nula repercusión penal de lo ocurrido durante la pandemia en las residencias. Entre el público asistente se encontraba una representante del movimiento ciudadano Marea de Residencias, surgido para denunciar las terribles prácticas de algunas instituciones y canalizar los correspondientes procedimientos jurídicos, que pidió a Fernando Flores, que ejerce como profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, que valorase la práctica ausencia de sentencias condenatorias.
“La pandemia nos ha mostrado una total falta de sensibilidad política y de desprecio por las normas jurídicas –respondió Flores–. ¿Qué herramientas nos faltan para que las residencias en las que se maltrató a las personas mayores, que no fueron todas, pero sí algunas, no estén sufriendo las consecuencias?”. Además, señaló que el maltrato también se puede extender a las actuaciones de algunas comunidades autónomas, que negaron atención sanitaria a las personas mayores institucionalizadas que afectadas por la Covid-19, y a la de las autoridades sanitarias a nivel global, que atentaron contra los derechos humanos de forma flagrante al no permitirles despedirse, si bien esta norma afectó tanto a las y los fallecidos como a sus seres queridos.
Por su parte, la presidenta de HelpAge señaló el llamativo contraste que se generó entre los centros que lograron mantenerse libres de Covid-19 gracias a la observación de buenas prácticas y otros en los que la falta de higiene, la grave escasez de personal y, desde luego, la crueldad y el nulo sentido de la ética tuvieron como consecuencia el contagio de todas las personas mayores residentes y el fallecimiento de muchas de ellas.
Para Isabel Martínez Lozano, además, es urgente desarrollar sistemas de certificación específicos para acreditar las características y la calidad de los espacios y centros residenciales dedicados al cuidado de las personas mayores, para después someterlos a estrictos procesos periódicos de auditoría. “Estamos asistiendo a la proliferación de cierta publicidad engañosa por parte de algunas residencias, que se atribuyen la observación de un modelo de atención centrado en la persona pese a carecer de certificaciones que lo demuestren y lo garanticen”, señaló durante la presentación.
Fernando Flores también destacó la falta de datos sobre las personas mayores y sobre los cuidados que pervive en la actualidad. “Necesitamos datos rigurosos para dar lugar a respuestas que se correspondan con las necesidades reales –subrayó–. Por eso el informe ofrece datos cuantitativos sobre los cuidados desde las perspectivas demográfica y social, diferenciando el apoyo formal del informal, y describiendo las características y tendencias de quienes se dedican a ellos. Cualitativamente, incorpora una mirada hasta ahora poco tratada, la perspectiva subjetiva del cuidado: cómo, por quién y dónde desean las personas mayores ser cuidadas”.
En estos momentos, en el cuaderno de bitácora del viaje de HelpAge Internacional y su filial española hay un puerto de destino muy claro: que se promulgue una Convención Internacional de los Derechos de las Personas Mayores bajo el auspicio de Naciones Unidas, similar a la que existe para proteger los derechos de la infancia, la que consagra los derechos de las personas con discapacidad, o la que promueve la eliminación de todas las formas de discriminación racial. En palabras de Fernando Flores, “los cuidados exigen hacer política con mayúsculas e implican un cambio social y cultural”.
Para terminar, reproducimos íntegramente el párrafo final de la introducción del informe, que contiene la visión humanista e interdisciplinar que se necesita para entender de qué hablamos cuando hablamos de los derechos de las personas mayores:
“Quienes hemos realizado este informe somos conscientes de que los cuidados son solo uno de los ámbitos que necesitan de atención en el mundo de las personas mayores, de sus derechos y de sus deberes. La soledad, la capacidad de obrar y su autonomía, el maltrato, los derechos de participación social y política, los prejuicios y estereotipos como base de las discriminaciones, el envejecimiento saludable, la riqueza y energía que se contienen en el heterogéneo y creciente grupo de personas mayores que, bien dirigidas, han de ser un activo importantísimo en las sociedades del futuro… Estos temas, y algunos más, son asuntos de enorme interés para quienes trabajan por la dignidad y los derechos de las personas de edad, que es también trabajar por una sociedad más decente y más justa”.
* La imagen que ilustra esta noticia es de Nick Karvounis y está disponible en Unsplash.
HelpAge España ha presentado un informe que describe el sistema de cuidados actual –si es que se le puede llamar así– y lo tilda de insuficiente, tardío, a menudo irrespetuoso y en ocasiones, como hemos comprobado con horror a raíz de la presente crisis sanitaria, capaz de transitar por el espeluznante territorio del maltrato. Aunque quienes se ocupan de los cuidados reconocen que estamos ante un concepto complejo y en construcción, coinciden al destacar que la única ruta posible es que adopte un enfoque basado en los derechos humanos y que tenga la flexibilidad y la humanidad que hacen falta para incorporar las circunstancias, las características, las necesidades y los deseos individuales.
HelpAge España ha presentado en Madrid el informe El derecho a los cuidados de las personas mayores, que inaugura la colección Los derechos humanos de las personas mayores en España: la igualdad y no discriminación por razón de edad. Esta nueva línea de análisis y divulgación tiene como objetivo mejorar el conocimiento de los problemas y las realidades de las personas mayores y promover su autonomía y su posición como participantes imprescindibles en la sociedad. Además, quiere sensibilizar a la ciudadanía y los grupos de decisión política sobre los abusos a los que se enfrentan.
Los cuidados no son una prebenda, ni un lujo, ni un regalo; son un derecho inalienable de todas las personas vulnerables, ya sea por edad –mayores y menores– o por cualquier otra circunstancia, temporal o permanente. Sin embargo, la crisis sanitaria desencadenada por la Covid-19 ha puesto de manifiesto, de forma dramática, que el sistema de cuidados de las personas mayores vigente en España, si es que realmente se le puede llamar así, no solo arrastra importantes carencias, sino que a menudo vulnera gravemente sus derechos y libertades.
La presentación del informe se celebró en el Ateneo de Madrid y contó con la presencia de representantes de diversas organizaciones no gubernamentales que trabajan por los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. Al comienzo del acto, Isabel Martínez Lozano, presidenta de HelpAge España, resaltó la relevancia del documento: “La pandemia ha puesto el tema de los cuidados por primera vez en la agenda social y política, por eso hemos pensado que era importante contribuir a este debate con nuestro propio análisis, nuestras propias propuestas y desde un enfoque basado en derechos”.
El texto, elaborado gracias a la colaboración con el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia (IDHUV), ofrece respuestas a los grandes desafíos a los que nuestra sociedad tendrá que hacer frente de forma inexcusable, ya que estamos inmersos en una era de ‘vidas expandidas’ y, lógicamente, la demanda de cuidados va a seguir creciendo. Además, tal y como afirmó Isabel Martínez Lozano durante su intervención, es necesario comprender que la la soledad no deseada, que sufren cada vez más personas mayores, supone una negación absoluta del derecho al cuidado y necesita respuestas.
La presentación también contó con la participación de Fernando Flores, director del IDHUV y miembro del patronato de HelpAge España, que explicó que el informe “pretende dar contenido al nuevo modelo de cuidados, que desde hace años exigen personas y organizaciones dedicadas a los derechos de las personas mayores. Hemos tratado de explicar qué es el cuidado y qué significa cuidar, además de plantear la necesidad de que los cuidados se consideren un derecho fundamental. Esta consideración todavía no es una realidad, aunque algunos derechos fundamentales ya formen parte del concepto legal de cuidado: el derecho a no discriminación, a la vivienda digna, a la salud y a la intimidad”.
Así pues, el documento evidencia la necesidad de regular el derecho a los cuidados para que dejen de estar a merced de decisiones políticas, se establezcan criterios claros y se garantice su cumplimiento, ya que en la actualidad se vulneran con alarmante frecuencia los derechos anteriormente citados. Por ejemplo, es habitual que las residencias obliguen a las personas mayores a compartir habitación, conculcando su derecho a la intimidad. Por tanto, es preciso establecer una regulación, clara y basada en derechos humanos. que vaya unida a la definición de estructuras, acciones y comportamientos, atribuibles tanto a los poderes públicos como a las entidades privadas, cuyo cumplimiento sea exigible ante los tribunales.
La situación actual dista mucho de ser idónea y a menudo infantiliza a las personas mayores y las coloca en una situación de indefensión e impotencia manifiestas. HelpAge también señala que en España persiste el ‘familiarismo’, ya que las administraciones públicas todavía trasladan el peso y la responsabilidad de los cuidados a las familias, una dejación de funciones que contribuye a perpetuar la brecha de género –9 de cada 10 personas cuidadoras son mujeres– y que deja a las personas mayores a merced de la cantidad y la calidad de los cuidados que sus familiares quieran o puedan ofrecerles.
Este carácter voluntario e informal, unido a la falta de compromiso público, no garantiza el cumplimiento de derechos, una constatación que, por sí misma, explica la urgencia de diseñar, regular y aplicar un nuevo sistema de cuidados centrado en las personas y respetuoso con todas las esferas de sus vidas. Además, este sistema debe gozar de una financiación adecuada. Tal y como se comentó durante el evento, “no hay liderazgo sin presupuesto”.
“¿Qué herramientas nos faltan como sociedad para que las residencias en las que se maltrató a las personas mayores en los primeros meses de la pandemia no estén sufriendo las consecuencias?”, se pregunta Fernando Flores, de HelpAge
En la presentación también se lamentó que sociedades como la nuestra hayan abandonado el valor ético de los cuidados, lo que se traduce en una evidente falta de iniciativa política, pero también en el cuestionable comportamiento de algunas familias con sus mayores. Los cuidados deben estar garantizados por las leyes, aplicados por las administraciones y respetados por la iniciativa privada, pero también exigen compromiso y corresponsabilidad a todas las partes implicadas, familias incluidas.
Dicho esto, el sistema actual no solo adolece de familiarismo, sino que es insuficiente –con algunas comunidades autónomas mejor posicionadas que otras–, está terriblemente burocratizado –no solo por la complejidad de los trámites y la tardanza en darles respuesta, sino también por la ausencia de una ventanilla única–, carece de previsión o visión a medio-largo plazo, consagra la institucionalización –en detrimento de la personalización–, muestra una clara falta de coordinación entre la atención social y la asistencia sanitaria, y ni tan siquiera garantiza el cumplimiento de las leyes.
De la impunidad a la percepción subjetiva de los cuidados
Solo así se podría explicar la casi nula repercusión penal de lo ocurrido durante la pandemia en las residencias. Entre el público asistente se encontraba una representante del movimiento ciudadano Marea de Residencias, surgido para denunciar las terribles prácticas de algunas instituciones y canalizar los correspondientes procedimientos jurídicos, que pidió a Fernando Flores, que ejerce como profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, que valorase la práctica ausencia de sentencias condenatorias.
“La pandemia nos ha mostrado una total falta de sensibilidad política y de desprecio por las normas jurídicas –respondió Flores–. ¿Qué herramientas nos faltan para que las residencias en las que se maltrató a las personas mayores, que no fueron todas, pero sí algunas, no estén sufriendo las consecuencias?”. Además, señaló que el maltrato también se puede extender a las actuaciones de algunas comunidades autónomas, que negaron atención sanitaria a las personas mayores institucionalizadas que afectadas por la Covid-19, y a la de las autoridades sanitarias a nivel global, que atentaron contra los derechos humanos de forma flagrante al no permitirles despedirse, si bien esta norma afectó tanto a las y los fallecidos como a sus seres queridos.
Por su parte, la presidenta de HelpAge señaló el llamativo contraste que se generó entre los centros que lograron mantenerse libres de Covid-19 gracias a la observación de buenas prácticas y otros en los que la falta de higiene, la grave escasez de personal y, desde luego, la crueldad y el nulo sentido de la ética tuvieron como consecuencia el contagio de todas las personas mayores residentes y el fallecimiento de muchas de ellas.
Para Isabel Martínez Lozano, además, es urgente desarrollar sistemas de certificación específicos para acreditar las características y la calidad de los espacios y centros residenciales dedicados al cuidado de las personas mayores, para después someterlos a estrictos procesos periódicos de auditoría. “Estamos asistiendo a la proliferación de cierta publicidad engañosa por parte de algunas residencias, que se atribuyen la observación de un modelo de atención centrado en la persona pese a carecer de certificaciones que lo demuestren y lo garanticen”, señaló durante la presentación.
Fernando Flores también destacó la falta de datos sobre las personas mayores y sobre los cuidados que pervive en la actualidad. “Necesitamos datos rigurosos para dar lugar a respuestas que se correspondan con las necesidades reales –subrayó–. Por eso el informe ofrece datos cuantitativos sobre los cuidados desde las perspectivas demográfica y social, diferenciando el apoyo formal del informal, y describiendo las características y tendencias de quienes se dedican a ellos. Cualitativamente, incorpora una mirada hasta ahora poco tratada, la perspectiva subjetiva del cuidado: cómo, por quién y dónde desean las personas mayores ser cuidadas”.
En estos momentos, en el cuaderno de bitácora del viaje de HelpAge Internacional y su filial española hay un puerto de destino muy claro: que se promulgue una Convención Internacional de los Derechos de las Personas Mayores bajo el auspicio de Naciones Unidas, similar a la que existe para proteger los derechos de la infancia, la que consagra los derechos de las personas con discapacidad, o la que promueve la eliminación de todas las formas de discriminación racial. En palabras de Fernando Flores, “los cuidados exigen hacer política con mayúsculas e implican un cambio social y cultural”.
Para terminar, reproducimos íntegramente el párrafo final de la introducción del informe, que contiene la visión humanista e interdisciplinar que se necesita para entender de qué hablamos cuando hablamos de los derechos de las personas mayores:
“Quienes hemos realizado este informe somos conscientes de que los cuidados son solo uno de los ámbitos que necesitan de atención en el mundo de las personas mayores, de sus derechos y de sus deberes. La soledad, la capacidad de obrar y su autonomía, el maltrato, los derechos de participación social y política, los prejuicios y estereotipos como base de las discriminaciones, el envejecimiento saludable, la riqueza y energía que se contienen en el heterogéneo y creciente grupo de personas mayores que, bien dirigidas, han de ser un activo importantísimo en las sociedades del futuro… Estos temas, y algunos más, son asuntos de enorme interés para quienes trabajan por la dignidad y los derechos de las personas de edad, que es también trabajar por una sociedad más decente y más justa”.
* La imagen que ilustra esta noticia es de Nick Karvounis y está disponible en Unsplash.
HelpAge España ha presentado un informe que describe el sistema de cuidados actual –si es que se le puede llamar así– y lo tilda de insuficiente, tardío, a menudo irrespetuoso y en ocasiones, como hemos comprobado con horror a raíz de la presente crisis sanitaria, capaz de transitar por el espeluznante territorio del maltrato. Aunque quienes se ocupan de los cuidados reconocen que estamos ante un concepto complejo y en construcción, coinciden al destacar que la única ruta posible es que adopte un enfoque basado en los derechos humanos y que tenga la flexibilidad y la humanidad que hacen falta para incorporar las circunstancias, las características, las necesidades y los deseos individuales.
HelpAge España ha presentado en Madrid el informe El derecho a los cuidados de las personas mayores, que inaugura la colección Los derechos humanos de las personas mayores en España: la igualdad y no discriminación por razón de edad. Esta nueva línea de análisis y divulgación tiene como objetivo mejorar el conocimiento de los problemas y las realidades de las personas mayores y promover su autonomía y su posición como participantes imprescindibles en la sociedad. Además, quiere sensibilizar a la ciudadanía y los grupos de decisión política sobre los abusos a los que se enfrentan.
Los cuidados no son una prebenda, ni un lujo, ni un regalo; son un derecho inalienable de todas las personas vulnerables, ya sea por edad –mayores y menores– o por cualquier otra circunstancia, temporal o permanente. Sin embargo, la crisis sanitaria desencadenada por la Covid-19 ha puesto de manifiesto, de forma dramática, que el sistema de cuidados de las personas mayores vigente en España, si es que realmente se le puede llamar así, no solo arrastra importantes carencias, sino que a menudo vulnera gravemente sus derechos y libertades.
La presentación del informe se celebró en el Ateneo de Madrid y contó con la presencia de representantes de diversas organizaciones no gubernamentales que trabajan por los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. Al comienzo del acto, Isabel Martínez Lozano, presidenta de HelpAge España, resaltó la relevancia del documento: “La pandemia ha puesto el tema de los cuidados por primera vez en la agenda social y política, por eso hemos pensado que era importante contribuir a este debate con nuestro propio análisis, nuestras propias propuestas y desde un enfoque basado en derechos”.
El texto, elaborado gracias a la colaboración con el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia (IDHUV), ofrece respuestas a los grandes desafíos a los que nuestra sociedad tendrá que hacer frente de forma inexcusable, ya que estamos inmersos en una era de ‘vidas expandidas’ y, lógicamente, la demanda de cuidados va a seguir creciendo. Además, tal y como afirmó Isabel Martínez Lozano durante su intervención, es necesario comprender que la la soledad no deseada, que sufren cada vez más personas mayores, supone una negación absoluta del derecho al cuidado y necesita respuestas.
La presentación también contó con la participación de Fernando Flores, director del IDHUV y miembro del patronato de HelpAge España, que explicó que el informe “pretende dar contenido al nuevo modelo de cuidados, que desde hace años exigen personas y organizaciones dedicadas a los derechos de las personas mayores. Hemos tratado de explicar qué es el cuidado y qué significa cuidar, además de plantear la necesidad de que los cuidados se consideren un derecho fundamental. Esta consideración todavía no es una realidad, aunque algunos derechos fundamentales ya formen parte del concepto legal de cuidado: el derecho a no discriminación, a la vivienda digna, a la salud y a la intimidad”.
Así pues, el documento evidencia la necesidad de regular el derecho a los cuidados para que dejen de estar a merced de decisiones políticas, se establezcan criterios claros y se garantice su cumplimiento, ya que en la actualidad se vulneran con alarmante frecuencia los derechos anteriormente citados. Por ejemplo, es habitual que las residencias obliguen a las personas mayores a compartir habitación, conculcando su derecho a la intimidad. Por tanto, es preciso establecer una regulación, clara y basada en derechos humanos. que vaya unida a la definición de estructuras, acciones y comportamientos, atribuibles tanto a los poderes públicos como a las entidades privadas, cuyo cumplimiento sea exigible ante los tribunales.
La situación actual dista mucho de ser idónea y a menudo infantiliza a las personas mayores y las coloca en una situación de indefensión e impotencia manifiestas. HelpAge también señala que en España persiste el ‘familiarismo’, ya que las administraciones públicas todavía trasladan el peso y la responsabilidad de los cuidados a las familias, una dejación de funciones que contribuye a perpetuar la brecha de género –9 de cada 10 personas cuidadoras son mujeres– y que deja a las personas mayores a merced de la cantidad y la calidad de los cuidados que sus familiares quieran o puedan ofrecerles.
Este carácter voluntario e informal, unido a la falta de compromiso público, no garantiza el cumplimiento de derechos, una constatación que, por sí misma, explica la urgencia de diseñar, regular y aplicar un nuevo sistema de cuidados centrado en las personas y respetuoso con todas las esferas de sus vidas. Además, este sistema debe gozar de una financiación adecuada. Tal y como se comentó durante el evento, “no hay liderazgo sin presupuesto”.
“¿Qué herramientas nos faltan como sociedad para que las residencias en las que se maltrató a las personas mayores en los primeros meses de la pandemia no estén sufriendo las consecuencias?”, se pregunta Fernando Flores, de HelpAge
En la presentación también se lamentó que sociedades como la nuestra hayan abandonado el valor ético de los cuidados, lo que se traduce en una evidente falta de iniciativa política, pero también en el cuestionable comportamiento de algunas familias con sus mayores. Los cuidados deben estar garantizados por las leyes, aplicados por las administraciones y respetados por la iniciativa privada, pero también exigen compromiso y corresponsabilidad a todas las partes implicadas, familias incluidas.
Dicho esto, el sistema actual no solo adolece de familiarismo, sino que es insuficiente –con algunas comunidades autónomas mejor posicionadas que otras–, está terriblemente burocratizado –no solo por la complejidad de los trámites y la tardanza en darles respuesta, sino también por la ausencia de una ventanilla única–, carece de previsión o visión a medio-largo plazo, consagra la institucionalización –en detrimento de la personalización–, muestra una clara falta de coordinación entre la atención social y la asistencia sanitaria, y ni tan siquiera garantiza el cumplimiento de las leyes.
De la impunidad a la percepción subjetiva de los cuidados
Solo así se podría explicar la casi nula repercusión penal de lo ocurrido durante la pandemia en las residencias. Entre el público asistente se encontraba una representante del movimiento ciudadano Marea de Residencias, surgido para denunciar las terribles prácticas de algunas instituciones y canalizar los correspondientes procedimientos jurídicos, que pidió a Fernando Flores, que ejerce como profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, que valorase la práctica ausencia de sentencias condenatorias.
“La pandemia nos ha mostrado una total falta de sensibilidad política y de desprecio por las normas jurídicas –respondió Flores–. ¿Qué herramientas nos faltan para que las residencias en las que se maltrató a las personas mayores, que no fueron todas, pero sí algunas, no estén sufriendo las consecuencias?”. Además, señaló que el maltrato también se puede extender a las actuaciones de algunas comunidades autónomas, que negaron atención sanitaria a las personas mayores institucionalizadas que afectadas por la Covid-19, y a la de las autoridades sanitarias a nivel global, que atentaron contra los derechos humanos de forma flagrante al no permitirles despedirse, si bien esta norma afectó tanto a las y los fallecidos como a sus seres queridos.
Por su parte, la presidenta de HelpAge señaló el llamativo contraste que se generó entre los centros que lograron mantenerse libres de Covid-19 gracias a la observación de buenas prácticas y otros en los que la falta de higiene, la grave escasez de personal y, desde luego, la crueldad y el nulo sentido de la ética tuvieron como consecuencia el contagio de todas las personas mayores residentes y el fallecimiento de muchas de ellas.
Para Isabel Martínez Lozano, además, es urgente desarrollar sistemas de certificación específicos para acreditar las características y la calidad de los espacios y centros residenciales dedicados al cuidado de las personas mayores, para después someterlos a estrictos procesos periódicos de auditoría. “Estamos asistiendo a la proliferación de cierta publicidad engañosa por parte de algunas residencias, que se atribuyen la observación de un modelo de atención centrado en la persona pese a carecer de certificaciones que lo demuestren y lo garanticen”, señaló durante la presentación.
Fernando Flores también destacó la falta de datos sobre las personas mayores y sobre los cuidados que pervive en la actualidad. “Necesitamos datos rigurosos para dar lugar a respuestas que se correspondan con las necesidades reales –subrayó–. Por eso el informe ofrece datos cuantitativos sobre los cuidados desde las perspectivas demográfica y social, diferenciando el apoyo formal del informal, y describiendo las características y tendencias de quienes se dedican a ellos. Cualitativamente, incorpora una mirada hasta ahora poco tratada, la perspectiva subjetiva del cuidado: cómo, por quién y dónde desean las personas mayores ser cuidadas”.
En estos momentos, en el cuaderno de bitácora del viaje de HelpAge Internacional y su filial española hay un puerto de destino muy claro: que se promulgue una Convención Internacional de los Derechos de las Personas Mayores bajo el auspicio de Naciones Unidas, similar a la que existe para proteger los derechos de la infancia, la que consagra los derechos de las personas con discapacidad, o la que promueve la eliminación de todas las formas de discriminación racial. En palabras de Fernando Flores, “los cuidados exigen hacer política con mayúsculas e implican un cambio social y cultural”.
Para terminar, reproducimos íntegramente el párrafo final de la introducción del informe, que contiene la visión humanista e interdisciplinar que se necesita para entender de qué hablamos cuando hablamos de los derechos de las personas mayores:
“Quienes hemos realizado este informe somos conscientes de que los cuidados son solo uno de los ámbitos que necesitan de atención en el mundo de las personas mayores, de sus derechos y de sus deberes. La soledad, la capacidad de obrar y su autonomía, el maltrato, los derechos de participación social y política, los prejuicios y estereotipos como base de las discriminaciones, el envejecimiento saludable, la riqueza y energía que se contienen en el heterogéneo y creciente grupo de personas mayores que, bien dirigidas, han de ser un activo importantísimo en las sociedades del futuro… Estos temas, y algunos más, son asuntos de enorme interés para quienes trabajan por la dignidad y los derechos de las personas de edad, que es también trabajar por una sociedad más decente y más justa”.
* La imagen que ilustra esta noticia es de Nick Karvounis y está disponible en Unsplash.